Dice que pagó más de US$ 10.000 en trámites y abogados, pero su proceso inmigratorio sigue en suspenso
Más de US$ 10.000 y un año y medio de trámites de inmigración y abogados entre otros, Lucía se siente decepcionada
Lucía, el nombre ficticio que quiere usar por temor a comprometer sus procesos inmigratorios, es beneficiaria de DACA y solicitó un permiso de salida (Advanced Parole) en enero de 2025 para visitar a su abuela enferma en México. Con el fin de asegurar la aprobación, pagó más para obtener una decisión expedita que puede llegar en cuestión de días. Pero pasó enero, febrero, marzo y abril sin saber siquiera si su solicitud había sido recibida.
Cada vez se escuchan más casos de peticiones que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) recibe, pero no procesa, y ofrece poca o nula información sobre su estatus.
Un estudio del Instituto CATO, un centro de tendencia conservadora libertaria, denuncia que tanto el USCIS como el Departamento de Estado están cometiendo “un fraude masivo contra inmigrantes legales y sus patrocinadores”. La página del organismo indica que las tarifas de algunos procesos, como los servicios biométricos, no son reembolsables.
El estudio dice que los problemas se desprenden de tres medidas del gobierno de Donald Trump en medio de su política de mano dura en inmigración: la prohibición de entrada y de emisión de casi todas las visas a ciudadanos de 40 países; la prohibición de solicitar beneficios a inmigrantes con estatus legal que provienen de esos países y que ya están en EE.UU. ; y el congelamiento de visas de inmigración a ciudadanos de más de 75 países.
“Yo sí sabía que USCIS (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración) la había recibido, porque cobraron los pagos que hice, porque lo vi en mi cuenta de banco”, dice Lucía, quien asegura que en todos los años que viene haciendo trámites de inmigración, nunca le había pasado que no le notificaran recibo, ni el estatus de su solicitud.
Tampoco era la primera vez que solicitaba una salida desde que obtuvo DACA, el beneficio creado en 2012 para algunos inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a EE.UU., pero afirma que siempre recibió respuesta a su petición.
En mayo su abuela murió. Lucía se quedó sin visitarla porque USCIS no aprobó el permiso sino hasta julio. Cuenta que tuvo que mandar a su hija en su lugar y correr con más gastos. “Fueron como US$ 4.000, contando los gastos más allá de las tarifas de inmigración, abogados, y la conferencia, para nada, porque me quedé con el dolor de no despedirme de mi abuelita”.
Luego, en octubre del año pasado, la hija de Lucía, quien acababa de cumplir 21 años comenzó un proceso para que su madre obtuviera la residencia permanente, algo previsto en las leyes de inmigración. Seis meses después, sigue esperando que le confirmen la recepción de los documentos. “Pero sí me cobraron todo: los formularios, examen médico, huellas y todo lo que piden”, dice Lucía. “Pero aún no sé en qué va el proceso”. En total, asegura que le ha costado ya más de US$ 7.000, incluidos los honorarios legales.
CATO dice que unos dos millones de solicitudes afectadas por las medidas de la administración Trump (y que, según el estudio, en otro momento se habrían aprobado) representan más de US$ 1.000 millones en pagos de tarifas que recibe el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Pero el estudio solo cuenta cobros por solicitudes de permisos de trabajo y por trámites para ajustar el estatus a la residencia permanente o cambiar a visas de inmigrante, que son esencialmente las dos maneras con las que se pueden obtener tarjetas de residencia permanente en Estados Unidos.
David Bier, el autor del estudio, aclara que esos números son solo una muestra de los casos que llegan a USCIS y al Departamento de Estado, debido a lo que considera una falta de transparencia de la agencia.
“Para mí es una gran estafa del Gobierno”, dice Lucía, que además sufrió meses en el limbo el año pasado porque su reinscripción en DACA se demoró entre junio y septiembre, por lo que, entre otros contratiempos, no pudo renovar su licencia de conducir, ni los permisos para sus camiones de comida, del pequeño negocio que tiene en Nebraska donde vive hace 30 años desde que llegó a EE.UU. Un efecto dominó que le causó un gran golpe económico durante los meses en que se quedó esperando la aprobación que no llegó hasta septiembre.
El estudio indica que los inmigrantes cubanos son los solicitantes más afectados por el congelamiento de sus procesos. Se trata de casi medio millón de casos que representan unos US$ 543 millones en pagos por formularios, entrevistas y más. En segundo lugar están los venezolanos, con más de 230.000 solicitudes, que representan US$ 138 millones en pagos a USCIS.
CNN contactó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración para solicitar comentarios sobre estas acusaciones. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional respondió que “USCIS ha suspendido las adjudicaciones para extranjeros de los países de alto riesgo designados por el presidente Trump mientras trabajamos para garantizar que sean investigados y examinados en el mayor grado posible”. Sin embargo, no dieron una respuesta específica sobre los pagos de trámites y las demoras en los procesos.
Arturo, quien también usa un nombre ficticio por temor a que su caso se vea comprometido, sigue contando los años que lleva buscando un estatus permanente en EE.UU. Son más de 15 años explorando varias visas y pagando fuertes sumas de dinero a USCIS y a abogados. Dice que son unos US$ 90.000 invertidos desde 2018.
Este abogado venezolano tiene tres hijas estadounidenses. Comenzó su proceso de en busca de su residencia en EE.UU. desde 2018. Exploró varias visas y tras largos trámites, en 2023 aprovechó la oportunidad de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) que el Gobierno del entonces presidente Joe Biden emitió para los venezolanos en 2021. El TPS llegó en 2024, pero cuando solicitó la renovación del TPS el año pasado tuvo una mala experiencia al solicitar la extensión, cuando el gobierno de Trump canceló el TPS para los venezolanos y, sin embargo, dice que la agencia cobró por los distintos formularios, citas médicas y otras tarifas. Dice que pagó también $ 6 mil dólares por procesamiento rápido de otro caso que lleva pendiente y el de su esposa (Premium Processing) y no ha escuchado en que va su caso.
“En total, entre formularios y el proceso, incluyendo el costo de abogados, son como US$ 12.000 lo del TPS”, cuenta Arturo. “El Gobierno recibió el dinero y hasta ahora no nos han dicho qué va a pasar con nuestro caso”.
Bier, por su parte, pide al Congreso que obligue a la agencia a devolver el dinero si no puede resolver los casos que han llegado tras los cambios. “Si alguien no puede establecer su elegibilidad, se le puede denegar conforme a la ley, pero no hay razón para robarles el dinero que las personas han pagado en tarifas y no prestarles el servicio al que la ley les da derecho”, apunta en el informe.
Existe un precedente reciente de reembolsos por procesos que no pueden avanzar. A finales de 2024, casi al final del mandato de Biden, USCIS comenzó a devolver el dinero pagado por miles de solicitantes del “Parole in Place”, que otorgaba un estatus legal temporal a algunos inmigrantes indocumentados sin tener que salir del país, generalmente esposos e hijos de ciudadanos estadounidenses, familiares de integrantes de las Fuerzas Armadas o veteranos, pero fue bloqueado en la corte.
La abogada de inmigración Isabel Saavedra dice que, en algunos casos, los clientes prefieren pagar aunque los procesos estén congelados, mientras la agencia reciba el pago por los formularios y demás trámites, en caso de que las restricciones actuales eventualmente se eliminen y tengan la opción de obtener una visa o algún otro beneficio. “En algunos casos de personas en proceso de remoción (deportación), es mejor llegar a la corte de inmigración y mostrar al juez que hay un proceso pendiente”, dice Saavedra, quien tiene una firma de abogados de inmigración en Virginia, cerca de la capital. “No siempre funciona, pero está la posibilidad de pelear el caso”, aunque no esté claro si el proceso está andando.
Bier llevó los resultados del estudio de CATO a una audiencia en el Senado el pasado febrero, lo que llamó la atención de varios senadores. Por ahora, los legisladores demócratas pidieron ya una investigación a la Oficina General de Auditoría (GAO), la dependencia investigativa del Congreso; aunque es un proyecto a largo plazo. Bier también apunta a la posibilidad de que una gran cantidad de litigios en las cortes del país puedan, mientras tanto, no solo arrojar más información sobre las prácticas de USCIS, sino también dar una respuesta a las personas afectadas.
Mientras tanto, Arturo, hoy de 56 años, está más que desilusionado tras tanto esfuerzo y dinero. No solo sigue esperando su respuesta para mantener el beneficio temporal del TPS y su estatus legal, sino que, en general, se siente víctima de un sistema complejo, desactualizado y lento. Este abogado, con dos maestrías obtenidas en EE.UU., dice que “es absurdo” que alguien con un caso como el suyo esté en esta situación, “y mi caso es privilegiado, porque he podido hacer todo esto, porque he tenido los recursos y la capacidad” apunta, con la decepción que trae de años de intentar hacer las cosas legalmente, para seguir en un limbo inexplicable por un sistema que ahora muchos denuncian que no está respondiendo como debe ser.
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