La Corte Suprema de EE.UU. sigue revocando sus propios precedentes. Jura que no es así
Mientras la Corte Suprema se precipitaba hacia las últimas semanas de su período el año pasado, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, hizo una rara aparición pública para defender a sus colegas de las críticas de que estaban demasiado dispuestos a mandar a la basura precedentes de décadas.
Aún magullado por la ira de la izquierda por la monumental decisión del tribunal tres años antes de revocar el fallo del caso Roe v. Wade, Roberts enumeró una serie de estadísticas que subrayaban que su tribunal —el tribunal de Roberts— había apuntado contra muchos menos precedentes que cualquiera de sus predecesores modernos, un promedio de menos de dos “revocaciones” cada año.
“Creo que la gente tiene un malentendido sobre cuánto el tribunal actual está revocando precedentes”, dijo Roberts a una audiencia en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
Pero apenas 10 días después de que se bajara del escenario, la Corte Suprema dejó en pie el despido por parte del presidente Donald Trump de dos altos funcionarios laborales pese a un precedente de 1935 conocido como Humphrey’s Executor que durante décadas ha protegido a los líderes de agencias independientes de ser destituidos si causa por un presidente.
Los críticos de la decisión de gran impacto de la Corte Suprema del miércoles, que desmanteló una disposición clave de la Ley de Derecho al Voto de 1965 y anuló un mapa congresional de Louisiana, dicen que el tribunal hizo lo mismo: efectivamente revocó un precedente de décadas sin decir explícitamente que lo estaba haciendo.
“El resultado es que la mayoría, sin ninguna buena razón, ha revocado la determinación ponderada del Congreso —junto con los precedentes de este tribunal que la respaldan— sobre cómo rectificar las desigualdades raciales en la política electoral”, escribió la jueza Elena Kagan en un voto disidente en nombre de los tres jueces liberales.
Las cifras que citó Roberts eran precisas, lo que le permitió argumentar que el tribunal se está moviendo deliberadamente en lugar de arrasar con casos anteriores. Pero esas cifras no tienen en cuenta los casos en los que el tribunal ha vapuleado un precedente sin eliminarlo explícitamente. En apenas los últimos años, la mayoría conservadora también se ha apartado de precedentes relacionados con la libertad religiosa.
“Para mí, Callais es el ejemplo más reciente de un fallo del tribunal de Roberts que, en el mismo aliento, en gran medida neutraliza un precedente sin revocarlo formalmente”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, refiriéndose al caso del miércoles por su título, Louisiana v. Callais.
La distinción entre revocar precedentes formalmente y hacerlo en la práctica es importante, dijo Vladeck.
“Cuando solo los abogados entienden qué queda y qué no queda de una decisión anterior, eso hace mucho más difícil construir el argumento de por qué la Corte, el Congreso o cualquier otro actor debería responder”.
Tanto los jueces conservadores como los liberales, ostensiblemente, desaprueban revocar precedentes porque puede socavar la estabilidad del derecho y puede hacer que el tribunal parezca político, dispuesto a cambiar de postura según qué jueces estén sentados en el estrado.
En el caso de derechos de voto del miércoles, el juez Samuel Alito, el juez conservador que escribió la opinión del tribunal, rechazó enérgicamente lo dicho por Kagan.
En su fallo 6-3, la primera decisión sobre el fondo del año que dividió limpiamente a los bloques conservador y liberal, el tribunal dijo que los votantes que alegan discriminación racial en la redistribución de distritos ahora deben demostrar una “fuerte inferencia” de que los legisladores redibujaron intencionalmente los límites de los distritos para perjudicar a los votantes de minorías.
Pero hace apenas tres años, en un caso que involucraba el mapa congresional de Alabama llamado Allen v. Milligan, la Corte Suprema rechazó en gran medida ese mismo argumento.
“Contrariamente a lo que afirma el disenso, no hemos revocado Allen”, escribió Alito, refiriéndose a la decisión sobre Alabama de 2023.
Alito dijo que el tribunal en Allen “adjudicó el caso basándose en los argumentos de las partes”. El argumento del estado era, esencialmente, que había trazado un mapa que dio como resultado solo un distrito de mayoría negra sin considerar la raza en absoluto. ¿Cómo podía ser discriminatorio ese mapa, preguntó Alabama, si los legisladores nunca consideraron la raza?
Por una votación de 5-4, el tribunal rechazó esa idea y se atuvo en cambio a una revisión de 1982 de la Ley de Derecho al Voto que permitía a los grupos presentar esas demandas basadas en los efectos discriminatorios de una redistribución de distritos. En otras palabras, no importaba si los legisladores pretendían discriminar si el nuevo distrito, en la práctica, privaba a los votantes negros de una voz igual en la elección.
“Como este tribunal ha reconocido desde hace mucho tiempo —y como todos los miembros de este tribunal hoy coinciden— el texto del §2 establece una prueba de efectos, no una prueba de intención”, escribió el juez Brett Kavanaugh en una opinión concurrente en Allen.
Pero en la opinión mayoritaria del miércoles, a la que se sumaron tanto Kavanaugh como Roberts, Alito dijo que la ley se aplica “solo cuando la evidencia respalda una fuerte inferencia de que el estado trazó intencionalmente sus distritos para otorgar a los votantes minoritarios menos oportunidad debido a su raza”.
“El tribunal puede reescribir drásticamente los precedentes, y lo ha hecho, sin anularlos formalmente”, dijo a CNN Richard Pildes, profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York y experto en Derecho Electoral.
Un colega de la Facultad de Derecho, señaló, acuñó una frase para el fenómeno: “anulaciones encubiertas”.
“Determinar si el tribunal ha hecho esto más en ciertos períodos que en otros puede ser difícil”, dijo Pildes. “Pero en Callais, no hay duda de que el Tribunal ha reescrito por completo el marco que los casos anteriores habían establecido para interpretar la VRA [la Ley de derecho del voto]”.
Cuando la mayoría conservadora de la Corte Suprema en 2022 anuló el fallo del caso Roe v. Wade, la decisión de 1973 que estableció un derecho constitucional al aborto, lo dijo explícitamente en las primeras páginas de su opinión.
“Roe fue atrozmente errónea desde el principio”, escribió Alito.
Fue igualmente claro dos años después, cuando el tribunal anuló Chevron v. Natural Resources Defense Council, una decisión de 1984 que facultaba a las agencias federales a interpretar leyes vagas y que se había convertido en un objetivo para los conservadores legales.
“Chevron”, escribió Roberts en esa opinión, “queda anulada”.
Pero apartarse del precedente —a veces de una manera que lo deja vivo, pero con soporte vital— es más común y menos claro. Las sentencias que anulan explícitamente un precedente ocurrieron en solo el 4 % de los 558 casos estudiados de 2005 a 2013, en los que los defensores apuntaron a una decisión previa, según datos recopilados por Lee Epstein, profesora de Derecho y politóloga en la Universidad Washington en St. Louis.
Pero las desviaciones, dijo Epstein, ocurrieron en alrededor del 28 % de esos casos.
A finales de abril, la Corte Suprema aceptó revisar una ley de Colorado que exige que los preescolares que reciben dinero de los contribuyentes inscriban a los hijos de parejas del mismo sexo, preparando un importante enfrentamiento de la Primera Enmienda a finales de este año que enfrenta los derechos religiosos contra las familias LGBTQ.
Al aceptar el caso, los jueces declinaron específicamente abordar una cuestión sobre si deberían anular un precedente clave de 1990, Employment Division v. Smith, que los grupos religiosos consideran que da al Gobierno demasiada libertad para vulnerar la religión. Una interpretación de la decisión de la Corte de dejar de lado esa cuestión es que una mayoría de jueces no se ha aglutinado en torno a qué reemplazar por Smith. Otra es que el precedente ya ha sido despojado de gran parte de su fuerza a lo largo de la última década, por lo que tiene poco sentido.
Los magistrados se enfrentan a una situación similar mientras revisan el intento de Trump de destituir a los líderes de agencias independientes como la Comisión Federal de Comercio. Durante los alegatos orales, en diciembre, una mayoría de magistrados indicó que se pondría del lado de Trump, a pesar del precedente de 1935. Durante su alegato ante el tribunal en diciembre, el procurador general D. John Sauer señaló que el tribunal ya había socavado el llamado fallo Humphrey en una serie de otros casos que cuestionaban esa noción de agencias independientes como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.
“El tribunal ha repudiado el razonamiento del caso Humphrey y lo ha limitado a sus hechos”, dijo Sauer a los magistrados.
En otras palabras, que la Corte anule o no de manera explícita el fallo Humphrey Executor este año podría tener un impacto limitado. El precedente ya había sido debilitado.
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