Abogados de Chicago acusan a agentes federales de infringir derechos de inmigrantes y toman acciones legales

Abogados de Chicago del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois acusaron el jueves al gobierno federal en una corte de infringir la ley de inmigración y los derechos constitucionales de al menos 22 personas que fueron arrestadas y detenidas en el Medio Oeste desde la toma de posesión del presidente Donald Trump como parte de su ofensiva contra la inmigración.

Dos personas siguen detenidas, 19 fueron puestas en libertad bajo fianza y una ya fue deportada.

Los abogados solicitan la liberación inmediata de las personas que aún permanecen detenidas, el reembolso de las fianzas, informes semanales sobre arrestos migratorios, y capacitación y medidas disciplinarias adicionales para los agentes federales involucrados en los arrestos.

La moción presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indicó que agentes federales arrestaron al menos a una persona sin causa probable. Los abogados también acusaron al gobierno federal de realizar arrestos sin las órdenes judiciales correspondientes y de crear órdenes judiciales después de los arrestos.

Los abogados afirman que estas acciones infringen el Acuerdo Castañón Nava, una demanda colectiva de 2018 presentada en respuesta a arrestos ilegales por parte de agentes de ICE que utilizaron controles de tráfico y otras tácticas para realizar arrestos sin orden judicial.

Según el acuerdo, los funcionarios de ICE pueden realizar un arresto sin orden judicial si creen que es probable que una persona escape, pero deben presentar pruebas. Sin embargo, en la moción presentada el jueves ante una corte federal de Chicago, los abogados afirmaron que, desde enero, los agentes federales “no evaluaron si existía causa probable para que una persona pudiera huir antes de que se pudiera emitir una orden judicial”.

“Nadie discute que ICE tiene autoridad para aplicar las leyes migratorias en Estados Unidos, en Chicago o en cualquier lugar del país”, declaró Mark Fleming, del proyecto de litigio federal del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. “Pero sólo tienen autoridad para hacerlo bajo las leyes aprobadas por el Congreso o dentro de las limitaciones legales de la Constitución de Estados Unidos”.

Fleming afirma que la retórica sobre la deportación masiva está ejerciendo mucha presión sobre los funcionarios federales de inmigración para que aumenten las cifras de detenciones y arrestos.

“Para realizar esta deportación masiva que el gobierno les ha exigido, [los agentes federales] están traspasando considerablemente los límites legales en materia de arresto y privación de libertad, tanto dentro de las leyes de inmigración como de la Constitución de Estados Unidos”, declaró Fleming. “[Los agentes de ICE] creían haber desarrollado una solución para eludir el acuerdo, aunque ilegal”.

Un portavoz de ICE se negó a responder preguntas, afirmando que el departamento no hace comentarios sobre procedimientos ni resultados de litigios.

Casos incluyen a un residente de Chicago que es ciudadano estadounidense

Los 22 casos incluyen a Julio Noriega, de 54 años de edad y residente de Chicago, ciudadano estadounidense, quien, según documentos judiciales, fue arrestado, esposado y pasó la mayor parte de la noche en un centro de procesamiento de ICE en el suburbio de Broadview. Nunca se le interrogó sobre su ciudadanía y sólo fue liberado después de que los agentes revisaran su identificación.

“Nací en Chicago, Illinois, y soy ciudadano estadounidense”, declaró Noriega, añadiendo que el 31 de enero, luego de ir a comprar pizza en Berwyn, fue rodeado por agentes de ICE y arrestado. Los agentes le quitaron la billetera, donde contenía su identificación y su tarjeta de seguro social.

“Luego me esposaron y me metieron a empujones en una camioneta blanca donde también estaban esposadas otras personas”.

En otro caso, Abel Orozco Ortega fue detenido sin orden judicial frente a su domicilio en el suburbio de Lyons, justo cuando llegaba a casa después de comprar tamales. Los agentes federales buscaban a uno de sus hijos, que es unos 20 años menor, pero en su lugar arrestaron a Orozco Ortega.

En su declaración, Orozco Ortega, de 47 años de edad, afirmó que un agente que se identificó como policía se acercó a su vehículo y le pidió su licencia de conducir. Orozco Ortega fue arrestado poco después de mostrar una licencia de manejo de “Visitante Temporal”, que solía otorgarse a extranjeros en Illinois.

En lugar de liberarlo, los agentes federales presuntamente lo mantuvieron en la parte trasera del vehículo y supuestamente le emitieron una orden administrativa mientras Orozco-Ortega estaba esposado, según Fleming, abogado del NI. Orozco Ortega lleva aproximadamente un mes detenido en la Cárcel del Condado de Clay, en Indiana.

“[Los agentes federales] aparentemente han desarrollado un patrón o práctica para intentar evadir el acuerdo [Nava] arrestando a personas con, entre comillas, órdenes administrativas que están generando sobre el terreno, ya que ya tenían a la persona detenida”, dijo Fleming.

En otro caso, en Liberty, Missouri, 12 trabajadores de un restaurante mexicano se atrincheraron dentro de un restaurante, custodiados por agentes armados del Departamento de Seguridad Nacional, quienes luego los arrestaron sin orden judicial, según el documento legal presentado el jueves.

Missouri es uno de los seis estados, junto con Illinois, cubiertos por el acuerdo Castañón Nava. En el documento, los abogados argumentan que los agentes intentaron encubrir estas infracciones del acuerdo al supuestamente proporcionar documentos de arresto que fueron llenados posteriormente para justificar los arrestos sin orden judicial.

Los arrestos desde que Trump asumió el cargo no sólo infringen el acuerdo Castañón Nava y la ley federal de inmigración, argumentan los abogados, sino también la Cuarta Enmienda, que protege a las personas de registros e incautaciones irrazonables.

Fleming dijo que la mayoría de las 22 personas citadas en el expediente judicial no tienen antecedentes penales. El delito más grave, destacó, fue manejar bajo los efectos del alcohol.

Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago