Los nuevos migrantes obtienen permisos de trabajo. Quienes llegaron hace años también los quieren

Sam Sanchez, restaurantero de Chicago, se indignó cuando el presidente Joe Biden anunció en septiembre que su gobierno ampliaría la posibilidad de trabajar a casi medio millón de venezolanos, muchos de ellos migrantes que acababan de cruzar de manera ilegal la frontera.

¿Qué pasa con sus empleados indocumentados como Ruben, un mexicano que es padre de dos hijos nacidos en Estados Unidos y que lleva en el país desde 1987, y Juan, otro trabajador mexicano, que ha formado a decenas de nuevos empleados en Moe’s Cantina?

“Es ofensivo que mis empleados y otros migrantes se vean desplazados por los recién llegados”, dijo Sanchez, quien forma parte de la junta directiva de la Asociación Nacional de Restaurantes.

Después de haber construido vidas y familias desde que entraron de manera ilegal en Estados Unidos hace muchos años, han estado esperando a que el Congreso les diera una vía para trabajar legalmente. “Para los que llevamos aquí mucho tiempo intentando hacerlo todo bien, no es justo que se olviden de nosotros”, dijo Juan, de 53 años, cuyo apellido no se dio a conocer por temor a su situación migratoria.

Ante la afluencia de migrantes a Chicago, Nueva York y otras grandes ciudades, Biden ha hecho uso de su poder ejecutivo para permitir que varios cientos de miles de ellos vivan y trabajen temporalmente en Estados Unidos, en un esfuerzo por hacerlos menos dependientes de los albergues y otras ayudas.

Ahora, los grupos que representan a las personas que han migrado de manera indocumentada y a sus hijos con ciudadanía estadounidense —así como a sus empleadores— instan al presidente a desplegar el mismo tipo de poder para abrir vías a los más de ocho millones de personas que viven en Estados Unidos y tienen vetado el empleo legal.

“Si el presidente Biden puede conceder permisos de trabajo a los recién llegados, también puede hacerlo a quienes llevan más de 10 años recogiendo nuestras cosechas, vaciando orinales y limpiando habitaciones de hotel”, declaró Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition, entre cuyos 1400 miembros figuran asociaciones empresariales y ejecutivos de compañías.

Los líderes empresariales llevan décadas presionando a republicanos y demócratas en el Capitolio para que revisen el maltrecho sistema migratorio y atiendan sus necesidades de mano de obra. Pero los llamamientos no han llegado a ninguna parte en un Congreso cada vez más polarizado.

En una manifestación en Chicago del mes pasado, los manifestantes pidieron al gobierno de Biden que permitiera a los migrantes indocumentados trabajar de forma legal. Y en Las Vegas, el gobernador de Nevada, quien es republicano, y los senadores del estado, ambos demócratas, se unieron a empresarios, sindicatos y defensores de los migrantes para enviar el mismo mensaje.

La coalición empresarial, en una carta dirigida al presidente y firmada por más de 300 empresarios y asociaciones comerciales, instó a una “acción inmediata” para ampliar la autorización de trabajo a personas que llevan muchos años indocumentadas. En particular, Shi dijo que el presidente debe dar prioridad a los permisos de trabajo para quienes no tienen estatus legal: más de un millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, 800.000 padres de niños ciudadanos de EE. UU. y 300.000 trabajadores agrícolas.

Alrededor de tres cuartas partes de los 10,5 millones de personas indocumentadas que había en Estados Unidos en 2021 formaban parte de la población económicamente activa, según el Pew Research Center, un centro de estudios independiente. Unos dos millones de personas del total de la población indocumentada tienen un estatus legal temporal que les permite trabajar.

Pero una medida radical del presidente para permitir que millones de personas más trabajen legalmente podría dar lugar a impugnaciones judiciales y ataques políticos de los críticos, incluso cuando algunos de esos mismos críticos han obstaculizado o socavado los esfuerzos del gobierno.

La propuesta más reciente de Biden —un proyecto de ley para frenar la migración ilegal— contaba con el respaldo de los principales republicanos del Congreso. Pero fracasó después de que los líderes republicanos retiraran su apoyo, cediendo a la presión del expresidente Donald Trump, virtual candidato presidencial de su partido.

El aumento de la migración a Estados Unidos ha provocado que Biden no tenga opciones fáciles. La percepción de que está favoreciendo a los recién llegados frente a las personas que han migrado de manera indocumentada desde hace mucho tiempo podría perjudicarlo con los votantes latinos, durante mucho un bloque demócrata que ha empezado a fragmentarse, con un número cada vez mayor apoyando a candidatos republicanos.

Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida que encuestó recientemente a votantes latinos, dijo que algunos de ellos que se han asentado en Estados Unidos pueden considerar que tienen menos en común con los nuevos migrantes.

“Cuando intentas decirles: ‘¿Por qué apoyan estas posturas?’, te dirán, uno: ‘No nos gustan los ilegales’, aunque ellos mismos hayan sido ilegales”, dijo Gamarra.

Existen canales para que los extranjeros migren legalmente a Estados Unidos, pero están disponibles sobre todo para quienes tienen conocimientos especializados o familia ya en el país.

Mientras tanto, las crisis internacionales han llevado a millones de personas hacia la frontera estadounidense. Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua han sufrido años de turbulencias políticas y económicas. En el último año, el presidente Biden ha utilizado permisos humanitario para permitir que unas 390.000 personas de esos países lleguen a Estados Unidos y reciban autorización de trabajo, siempre que tengan un patrocinador financiero.

Otros cientos de miles de venezolanos que han huido de su país han recibido lo que se conoce como Estatus de Protección Temporal, que los ha ayudado a salir de los refugios mientras reciben permisos de trabajo.

Para gestionar mejor la afluencia de migrantes, el gobierno de Biden ha promovido una aplicación móvil que desde el año pasado concede un permiso temporal a quienes la utilizan para programar citas en la frontera, creando otra vía para que los migrantes obtengan la posibilidad de trabajar.

Margaret Stock, abogada especializada en migración, dijo que el presidente tiene autoridad legal para autorizar el empleo de otras personas. “Puede que sea reacio, pero Biden podría conceder permisos y licencias de trabajo a quien quisiera”, dijo.

Un portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, respondió en términos generales cuando se le preguntó sobre el impulso a los permisos de trabajo, diciendo que el Congreso no había considerado la propuesta del presidente de 2021 para reformar la migración, y que, “el gobierno está constantemente evaluando posibles opciones políticas”. La obtención de un permiso de trabajo abre un abanico más amplio de oportunidades y aumenta los salarios de migrantes un 10 por ciento en promedio, según demuestran los estudios.

Quienes llevan décadas viviendo de forma no autorizada en Estados Unidos suelen trabajar informalmente o presentar documentos con un nombre falso o robado para ser contratados, lo cual es ilegal. Cada vez es más difícil hacerlo porque casi la mitad de los estados exigen a los empleadores que utilicen un sistema electrónico para detectar irregularidades.

Empresarios como Sanchez, que emplean a personas sin documentos de trabajo válidos, se han hecho cada vez más eco de la compleja situación de sus trabajadores y de sus dificultades para cubrir puestos de trabajo en medio de la escasez de mano de obra.

Y aunque en los últimos años se han expedido más visas temporales para trabajadores invitados en algunos sectores, como la agricultura, los empresarios afirman que la concesión de permisos de trabajo a migrantes no autorizados durante mucho tiempo contribuiría más a resolver el problema.

“Tenemos operaciones que quieren crecer”, dijo Matt Teagarden, director ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de Kansas. “La mano de obra es un factor limitante”.

Los miles de millones de dólares que los migrantes indocumentados aportan a las arcas públicas han aumentado la sensación de que los recientes esfuerzos de Biden para los recién llegados son injustos. Según un análisis de los datos del censo de 2021 realizado por el Consejo Estadounidense de Inmigración, los trabajadores indocumentados pagaron 31.000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales, incluso al sistema de la Seguridad Social, del que no pueden recibir prestaciones de jubilación.

Eréndira Rendón, cuyos padres son mexicanos indocumentados que rondan los 60 años, ha visto cómo los alcaldes presionaban a la Casa Blanca para que concediera permisos de trabajo a los migrantes recién llegados, poniendo a prueba los recursos municipales.

Su madre enfrascaba pepinillos y su padre trabajaba en un matadero. Sacaron adelante a dos hijos y compraron una casa. Como no pueden recibir prestaciones de jubilación, dependen de sus hijos para que les ayuden.

“Ojalá los alcaldes abogaran tanto por los indocumentados que llevan aquí todos estos años”, dijo Rendón, de 38 años, quien trabaja para una organización sin fines de lucro en Chicago llamada Proyecto Resurrección, que ayuda a los nuevos migrantes a cumplimentar las solicitudes de permiso de trabajo.

Para algunos migrantes, los nuevos migrantes también suponen una competencia por los puestos de trabajo. Aunque los estudios suelen demostrar que los migrantes no bajan los salarios en general, puede haber efectos a corto plazo en trabajadores similares.

Esta dinámica es palpable en Nueva York, en las esquinas donde personas migrantes se afanan por encontrar trabajo. Lucia Goyen, directora de los programas para jornaleros de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York, afirma que los recién llegados suelen aceptar unos pocos dólares por hora, lo que reduce los salarios de todos.

Cuando los recién llegados reciben permisos de trabajo, tienen libertad para encontrar un empleo en la economía formal que sigue estando fuera del alcance de muchos que llevan mucho más tiempo en la ciudad.

“Ha surgido la frustración de decir: ‘Llevo aquí entre 20 y 30 años y no tengo permiso de trabajo, pero esta es una lista cada vez mayor de cosas que se les ofrecen a los nuevos migrantes’”, dijo Goyen.