El Mundial podría abrir riesgos de violaciones a derechos humanos en los tres países anfitriones, dice Amnistía Internacional
Un nuevo informe de la organización no gubernamental Amnistía Internacional advierte que el Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará durante junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, podría poner en riesgo los derechos humanos de aficionados, periodistas, jugadores y comunidades locales. La organización advierte que, sin medidas urgentes por parte de la FIFA y de los gobiernos locales, el torneo podría convertirse en un escenario de deportaciones, represión de protestas y discriminación.
Aunque la FIFA ha prometido un torneo en el que todos “se sientan seguros, incluidos y libres de ejercer sus derechos”, dice el informe “La humanidad debe ganar: defender los derechos, afrontar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, publicado este lunes, esa promesa “corre un alto riesgo de no cumplirse”.
“Esta Copa Mundial ya no es el torneo de ‘riesgo medio’ que la FIFA había evaluado previamente; ya sea para proteger a las personas de ICE, garantizar el derecho a protestar o prevenir la falta de vivienda, se necesita una acción urgente para asegurar que la realidad de esta Copa Mundial esté a la altura de su promesa original”, señala la organización.
CNN contactó a la FIFA para solicitar comentarios sobre el informe y no obtuvo respuesta.
Durante los últimos meses, la FIFA ha dicho que, junto con los países anfitriones, está preparada para un Mundial histórico, el más grande desde que la competencia comenzó a realizarse en 1930. Este viernes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo durante una cumbre de inversión que el torneo será “el mayor espectáculo del planeta”.
“Durante los 39 días de la Copa Mundial de la FIFA, el mundo se detendrá, y todos estarán mirando y enfocados en el fútbol o soccer”, dijo Infantino.
El Mundial comenzará el 11 de junio en la Ciudad de México y terminará el 19 de julio en Nueva Jersey. Su calendario incluye 104 partidos y se espera que el torneo genere ganancias multimillonarias debido a la venta de entradas, los patrocinios y el flujo de turistas internacionales.
El informe indica que Estados Unidos, donde se disputará la mayoría de los partidos, enfrenta lo que Amnistía Internacional describe como una “emergencia de derechos humanos” marcada por las duras acciones de política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump que incluyen “políticas discriminatorias, detenciones masivas y arrestos arbitrarios por parte de agentes enmascarados y armados de ICE y CBP”.
Steve Cockburn, jefe de Justicia Económica y Social de la organización, advirtió que las deportaciones récord han generado un “clima de miedo” que podría afectar incluso a los aficionados durante las celebraciones del Mundial.
“Estas políticas han desgarrado comunidades y han creado un clima de miedo en todo Estados Unidos. Es un momento profundamente preocupante en el país, que sin duda también afectará a los aficionados que quieran participar en las celebraciones de la Copa Mundial”, dijo Cockburn.
CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) para pedir comentarios sobre las acusaciones y no obtuvo respuesta.
El 5 de marzo, el DHS dijo en un comunicado que desempeñará un papel clave “en los esfuerzos para asegurar todos los aspectos” del torneo, “incluida la seguridad y el desplazamiento de los aficionados y los jugadores, los partidos, los eventos oficiales del Festival de Aficionados, los eventos patrocinados localmente y los campamentos base de los equipos”.
Amnistía Internacional afirma que el contexto del Mundial podría dar a los agentes federales de inmigración de ICE y CBP oportunidades para dirigir sus acciones contra comunidades latinas, afrodescendientes, asiáticas y otras comunidades racializadas, actuando “de manera violenta y arbitraria”.
“A pesar de que el fútbol está entre los deportes más populares en muchas comunidades inmigrantes en EE.UU., y de que millones de aficionados viajan desde todo el mundo, ni la FIFA ni las autoridades estadounidenses han brindado garantías de que las personas estarán a salvo del perfilamiento étnico, las redadas indiscriminadas, la detención ilegal y la deportación”, añade.
Funcionarios del DHS han dicho anteriormente que la agencia actúa legalmente para hacer su trabajo y han negado cualquier irregularidad.
El informe destaca que más de 500.000 personas fueron deportadas durante 2025, el primer año del segundo mandato de Trump. La cifra coincide con los números informados por el DHS, que en octubre reportó que había deportado a más de medio millón de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025, cuando comenzó el segundo mandato de Trump.
“Esto es casi ocho veces más personas de las que verán la final de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium en Nueva Jersey”, dice la organización sobre la magnitud de las deportaciones.
Además, el informe señala que muchos han sido deportados “en violación del principio de no devolución a terceros países con los que no tienen ninguna conexión”, donde enfrentan “detención arbitraria y prolongada”. Esta política ha generado controversia y llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos el año pasado, cuando permitió temporalmente su aplicación al autorizar un vuelo que transportaba inmigrantes a Sudán del Sur, un país en guerra con el que no tenían ninguna conexión. Sin embargo, un juez federal determinó recientemente que esta política es ilegal y debe ser anulada.
Las ciudades anfitrionas en Estados Unidos también han sentido el impacto de la ofensiva migratoria. Amnistía Internacional recuerda los despliegues de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles, que albergará ocho partidos y será la sede del primer juego del torneo en Estados Unidos para el Mundial, tras las protestas que tuvieron lugar en junio pasado contra las redadas migratorias.
Mientras tanto, según la organización, Dallas, Houston y Miami firmaron acuerdos con ICE que aumentan la vigilancia y el perfilamiento racial.
El informe subraya además que las restricciones de viaje podrían afectar a aficionados internacionales, especialmente de países como Costa de Marfil, Haití, Irán y Senegal, que podrían enfrentar dificultades para ingresar al país. El Departamento de Estado informó que a los aficionados de estos países se les negarían visas de entrada.
Además, señala Amnistía Internacional, algunos visitantes podrían enfrentar “vigilancia intrusiva” y verse obligados a compartir sus cuentas de redes sociales para que sean revisadas en busca de posibles opiniones “antiestadounidenses”, especialmente quienes solicitan beneficios migratorios, incluido el asilo.
El 20 de enero, cuando Trump alcanzó el primer año de su segundo mandato, el DHS dijo en un comunicado que una de las prioridades de la agencia para 2026 es diseñar y ejecutar planes para eventos de “seguridad especial nacional” como el Mundial. Esto incluye desplegar acciones contra amenazas de ciberseguridad, relacionadas con drones y de armas de destrucción masiva.
En México, Amnistía Internacional apunta al despliegue de fuerzas de seguridad, incluidas fuerzas federales, la Guardia Nacional y el Ejército, previsto como parte del operativo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de dudas sobre la capacidad de las autoridades para proteger a turistas y jugadores debido a los altos niveles de violencia, intensificados tras la reciente caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, uno de los capos del narcotráfico más buscados.
“El Ejército sigue estando implicado en diversas violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales”, dice el informe. El gobierno de México ha negado reiteradamente que el Ejército viole derechos humanos.
Además, el gobierno de Sheinbaum ha insistido en que la seguridad para el evento está garantizada. “Es seguro que vengan a nuestro país, a cualquiera de las tres ciudades donde se van a desarrollar los partidos o a las otras ciudades que están incorporadas por FIFA o a cualquier ciudad del país. Pueden venir con seguridad y certeza. La van a pasar muy bien”, dijo recientemente.
La organización de derechos humanos también advierte sobre las recientes protestas sociales que han surgido en torno al Mundial. En la Ciudad de México, una sede del torneo junto con Guadalajara y Monterrey, se han registrado manifestaciones contra la gentrificación, la desigualdad y el acceso al agua, problemas que, según activistas, se han agravado de cara al torneo.
“México ha movilizado a 100.000 efectivos de seguridad, incluidas fuerzas militares, en respuesta a los altos niveles de violencia, lo que aumenta los riesgos para las personas que protestan. Entre ellas hay mujeres activistas que están planificando una manifestación pacífica durante el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, buscando ‘verdad, justicia y reparación’ por la desaparición de sus seres queridos”, señala la organización.
En Canadá, las preocupaciones se centran en el desplazamiento de personas sin vivienda y las restricciones a la protesta.
La experiencia de los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010 —cuando decenas de personas sin vivienda fueron desplazadas de las calles— y la reciente crisis de vivienda —un problema que el gobierno busca abordar con medidas como construir más hogares— suscitan temores de que las personas sin vivienda pierdan acceso a zonas cercanas a las sedes, dice Amnistía Internacional, citando como ejemplo el cierre de un centro de refugio temporal en Toronto, reservado para uso de la FIFA, según informaron medios locales.
El informe también indica que las autoridades establecieron zonas de exclusión para las protestas pacíficas y propusieron reformas legales que podrían dificultar la solicitud de asilo y aumentar la detención de migrantes, creando un clima de inseguridad para activistas y visitantes.
“Canadá ha experimentado una ola de protestas contra el genocidio en Gaza, incluidas grandes manifestaciones pacíficas y campamentos estudiantiles que la policía dispersó o desalojó indebidamente”, afirma el informe.
CNN contactó a la oficina del primer ministro de Canadá para solicitar comentarios y está a la espera de una respuesta.
Amnistía Internacional subraya que las restricciones a la libertad de expresión y la represión de las protestas afectan a los tres países anfitriones. Estudiantes y activistas que protestan en Estados Unidos han enfrentado deportaciones o incluso violencia por parte de agentes federales, mientras que en México y Canadá las manifestaciones pacíficas también han recibido una respuesta de las autoridades.
Los riesgos para la comunidad LGBTQI+ son significativos. Grupos de aficionados europeos afirmaron, según Amnistía Internacional, que no se sentirán seguros participando de forma visible, especialmente en Estados Unidos, donde políticas recientes han reducido los derechos de las personas trans. La organización advierte que estas amenazas podrían limitar la participación de miembros de la comunidad en todos los países anfitriones. La advertencia llega en medio de la reciente decisión del Comité Olímpico Internacional de prohibir a las mujeres trans competir en pruebas femeninas.
A poco más de 10 semanas del inicio del Mundial, Amnistía Internacional insta a la FIFA y a los gobiernos anfitriones a actuar con urgencia.
“Mientras la FIFA genera ingresos récord con la Copa del Mundo 2026, los aficionados, las comunidades, los jugadores, los periodistas y los trabajadores no pueden pagar el precio de las violaciones de derechos humanos. Es a estas personas —no a los gobiernos, los patrocinadores o la FIFA— a quienes pertenece el fútbol, y sus derechos deben estar en el centro del torneo”, dijo Cockburn.
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