Los procesos de inmigración en EE.UU. ahora son más caros y menos eficientes
Cada vez es más caro tramitar procesos migratorios en Estados Unidos, desde iniciar un proceso de visa humanitaria, un permiso de trabajo o finalmente, después de años de vivir y trabajar en el país, llegar a ser ciudadano. El primer año del segundo mandato de Donald Trump trajo también alzas exorbitantes en trámites para beneficios y visas.
En ocasiones eso hace que a una persona se le complique tan siquiera el inicio del trámite, y mucho más tener a la familia entera en un proceso como, por ejemplo, el conocido como parole humanitario, ante la subida de la tarifa de la solicitud de US$ 630 a US$ 1.000.
Quienes busquen acogerse al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) pagan ahora 900 % más porque la solicitud subió de US$ 50 a US $500. Y si hay que renovar el permiso de trabajo también, la tarifa oscila entre US$ 745 a US$ 795.
Y eso si hay quienes cumplan aún con las condiciones para comenzar un proceso de parole, o si pertenecen al cada vez más reducido número de beneficiaros de TPS, un beneficio que poco a poco el gobierno está eliminando, en medio de los profundos cambios y cancelaciones en la política migratoria de Trump.
Si alguien ya tiene un asilo, el formulario para solicitar residencia permanente (green card) cuesta ahora US$ 1.500 (de US$1.140 hace un año).
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) es una de las agencias que deben generar su propio presupuesto y las tarifas son la base principal de ingreso. Ahora recibió una importante ayuda financiera porque la Ley Grande y Hermosa (Big Beautiful Bill Act), aprobada por la mayoría republicana del Congreso el año pasado, estableció tarifas para procesos que antes eran gratuitos. Por ejemplo:
- Una solicitud de asilo ahora cuesta US$ 100 y el solicitante tendrá que pagar US$ 100 más por cada año que la solicitud sigue en espera.
- Quienes tienen casos pendientes de asilo, parole o TPS deben pagar ahora US$ 550 por la primera solitud del Documento de Autorización de Empleo (EAD) y US$ 275 por la renovación de la autorización para seguir trabajando.
El asilo especialmente ha sufrido cambios drásticos y el gobierno está proponiendo otros más que terminarían por asfixiar ese beneficio humanitario que Trump y los republicanos insisten que ha sido abusado por años, especialmente por muchos que entraron de forma indocumentada durante el Gobierno de Joe Biden, abrumando además el sistema de inmigración.
Pero el alza en los precios no se traduce en eficiencia, dice Yanira Arias, coordinadora de Justicia Migrante de la organización Alianza Américas, añadiendo que por el contrario el sistema “ha empeorado” porque si la expectativa era que el aumento de precios traería “una inyección en la fuerza laboral para generar eficiencia y acelerar los procesos que llevan años trancados, la respuesta es no”.
De hecho, USCIS publicaba informes regulares sobre recibos, procesamientos y procesos pendientes. Pero desde mediados del año pasado esos números no se han actualizado. Por lo menos no aparecen en la página de la agencia.
Por ejemplo, USCIS mantiene el registro de solicitudes de TPS para El Salvador en casi 121.000. Mas de 117.000 siguen pendientes. Son las solicitudes para reinscripción que se presentaron entre el 17 de enero y el 10 de marzo de 2025. La página no se ha actualizado desde junio de 2025, por lo que no se sabe cuánto avanzaron los procesos. Arias dice que Alianza Américas ha venido recibiendo reportes de organizaciones de base que asisten con este tipo de procesos, que los permisos no están llegando a sus solicitantes.
CNN contactó a USCIS sobre la poca información del avance de procesos y un portavoz se limitó a decir que la agencia espera publicar el último trimestre de 2025 a comienzos de marzo, pero no respondió a qué se debe la demora.
Mientras tanto, los anuncios de más subida de precios siguen llegando.
A partir del 1 de marzo subieron los precios premium para procesamiento más rápido de documentos, con lo que USCIS se compromete a tramitar la aplicación entre 15 y 30 días.
USCIS estima que estará recibiendo, por ejemplo, por el alza en las tarifas para el formulario I-129 más de US$ 50 millones extra, al contar con un promedio de casi 319.000 solicitudes.
Con otro conocido formulario, el I-140 de petición para trabajadores extranjeros, la agencia estima que tendría este año más de US$ 21 millones adicionales.
Pero Arias apunta que aún esos trámites tampoco están siendo evacuados a tiempo. “Por mucho dinero que cobren con premium —que las empresas ven como una inversión para acelerar la llegada de la mano de obra que necesita—, ellos no están cumpliendo”.
Gran parte del problema de eficiencia tiene que ver con los despidos masivos del comienzo del segundo mandato de Trump, y con la falta de modernización, “es una crisis seria que requiere asistencia inmediata”, añade Arias.
Todos los procesos (regulares o premium) tienen severos retrasos. Por ejemplo, entre el 1 de abril al 30 de junio de 2025, se recibieron 251.467 solicitudes para ciudadanía. Pero están aún en trámite y pendientes de resolverse más de 529.000 casos. Y eso sigue acumulando el número de procesos en manos de USCIS, que supera los 11 millones.
En casos como ciudadanía “el problema no es el costo, es la desconfianza, porque los procesos han cambiado y hay miedo de que un trámite termine en deportaciones dentro de sus familias”, dice Abel Núñez, director de la oficina de Washington de CARECEN, una organización que presta asesoría y servicios a las comunidades en varios estados de EE.UU.
Constantemente escucha de residentes permanentes que tienen reservas para llenar el formulario de solicitantes en núcleos familiares con estatus mixto, más allá del costo del proceso total que puede sobrepasar los US$ 1.500 por persona, porque en general los aplicantes mayores ya son residentes permanentes y tienen medios para cubrir los gastos del proceso, que de hecho toma años.
Todos esos dolores de cabeza sin contar la constante amenaza de los “notarios”, gente que aprovecha la vulnerabilidad de muchos y cobra más dinero para procesos que no lo necesitan.
“Todo eso abre la puerta para que los inescrupulosos hagan más difíciles los ya complicados procesos”, dice Núñez de lo que debería ser un sistema eficiente reflejo de una de las potencias del mundo.
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