Giro en el caso de Kilmar Ábrego: ahora los fiscales federales deben demostrar que sus acusaciones no fueron una represalia
Nueve meses después de que Kilmar Ábrego García —ciudadano salvadoreño deportado ilegalmente por el Gobierno de Trump— se convirtiera en acusado en uno de los casos penales más destacados de la administración, los fiscales se encuentran a la defensiva en la corte, donde intentan convencer a un juez federal de que el caso no tenía fines vengativos.
La audiencia en una corte federal en Nashville es el último punto álgido en una extensa red de casos judiciales en los que se ha visto involucrado Ábrego García desde su apresurada deportación, en marzo pasado, a una megaprisión en El Salvador. La reticencia inicial del Gobierno de Trump a llevarlo de regreso a EE.UU. se volvió símbolo del enfoque descuidado y polémico del presidente Donald Trump en la aplicación de la ley inmigratoria.
El simple hecho de que el proceso ante el juez federal de distrito Waverly Crenshaw se esté llevando a cabo es un giro notable en un caso penal que el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, describió en una ocasión como “sólido”. Durante meses, el Departamento ha intentado evitar la incómoda situación de tener que defender el procesamiento de Ábrego García, pero en medio de las disputas legales, se ha visto obligado a entregar algunas comunicaciones internas que socavaron aún más el caso.
Tres funcionarios, entre ellos Robert McGuire, un fiscal federal de alto rango que logró los dos cargos de tráfico de personas el año pasado, responderán preguntas bajo juramento el jueves sobre las decisiones del Gobierno en el período previo a la acusación formal de Ábrego García.
También están en la cuerda floja dos agentes del brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional, quienes testificarán sobre la decisión de la agencia de reabrir una investigación penal sobre Ábrego García, el año pasado, después de que varios tribunales, incluida la Corte Suprema, ordenaran al Gobierno que trabajara para llevarlo de regreso de El Salvador.
La integridad del caso ha sido seriamente cuestionada por Crenshaw en los últimos meses, al evaluar la afirmación de Abrego García de que está siendo procesado en represalia por haber impugnado con éxito su deportación injusta, concluyendo que este padre de tres hijos de Maryland ha demostrado una “probabilidad realista” de ser objeto de un proceso vengativo. Esta conclusión podría llevarlo a desestimar el caso pronto, a menos que el trío de testigos lo convenza de lo contrario.
Las solicitudes de los acusados penales para que los jueces desestimen los cargos basándose en su afirmación de que están siendo procesados vengativamente se enfrentan a obstáculos extremadamente altos en los tribunales y son abrumadoramente infructuosas debido a lo difícil que puede ser vincular las decisiones de los fiscales con un motivo de represalia.
Sin embargo, un par de fallos contundentes de Crenshaw, el año pasado, revelaron la precaria situación del caso. El juez designado por el expresidente Barack Obama afirmó que ahora recaía sobre el Gobierno la responsabilidad de refutar la presunción de que los funcionarios solo reabrieron una investigación de años de antigüedad sobre Ábrego García y posteriormente solicitaron a un jurado investigador la aprobación de los cargos para castigarlo por presentar una demanda por su deportación.
“El Gobierno tenía un interés significativo en tomar represalias contra el éxito de Ábrego en la demanda de Maryland y en disuadir cualquier intento futuro en esa demanda”, escribió Crenshaw en el primer fallo, emitido en octubre.
En esa decisión, el juez expuso cuidadosamente los momentos clave previos a la acusación formal de Ábrego García que parecían respaldar su afirmación de que los funcionarios solo reabrieron la investigación en su contra en respuesta a su racha de victorias en el caso de deportación. Mencionó específicamente las declaraciones públicas de Blanche el día del arresto de Ábrego García que “vinculaban directamente la demanda de Maryland con la investigación de la conducta criminal de Ábrego”.
“Como mínimo, esto sugiere la frustración de la administración con Ábrego y que su caso no fue un proceso judicial común y corriente”, escribió. “Incluso asumiendo que la motivación individual del fiscal federal interino McGuire fuera pura, las motivaciones de otros, como la fruta de un árbol venenoso, podrían contaminar este proceso judicial”.
En un fallo emitido en diciembre, Crenshaw descartó las afirmaciones de McGuire de que él era el único que tomaba decisiones mientras su oficina evaluaba los cargos contra Ábrego García. El juez, en cambio, afirmó que una gran cantidad de documentos internos “sugiere” que el fiscal trabajó con funcionarios del Departamento en Washington, “quienes podrían o no haber actuado con una motivación indebida”.
Entre estos funcionarios se encuentra Aakash Singh, quien trabaja bajo las órdenes de Blanche y se comunicó directamente con McGuire, en la primavera pasada, sobre la investigación de Ábrego García mientras la Fiscalía Federal en Nashville consideraba presentar un caso.
El hecho de que ni Singh ni Blanche testifiquen en la audiencia podría tener consecuencias, dado que el juez ya ha manifestado su insatisfacción con las declaraciones de McGuire sobre las decisiones de los cargos.
Pero si Crenshaw decide que el testimonio presentado el jueves es suficiente para refutar su conclusión preliminar del año pasado, se iniciará otra ronda de procedimientos judiciales en la que deberá resolver una solicitud de los abogados de Ábrego García para que cite a Blanche y Singh a Nashville a declarar en una nueva audiencia.
McGuire, quien ahora se desempeña como fiscal federal adjunto en la oficina que dirigió temporalmente, ha argumentado previamente que incluso si otros miembros de la administración “han alegado mala voluntad” hacia Ábrego García, “no hay nada ante el tribunal que demuestre que dicha supuesta mala voluntad realmente motivó la acusación”.
En una declaración jurada el pasado septiembre dijo que “nunca recibió ninguna instrucción” de los funcionarios de la sede del Departamento de Justicia “que fuera poco ética o inapropiada”, y que decidir acusar a Ábrego García “fue la decisión legal correcta”. Estas y otras afirmaciones serán analizadas minuciosamente el jueves cuando testifique.
Expertos legales afirmaron que los fallos anteriores de Crenshaw han advertido al Gobierno que el caso se está desmoronando rápidamente.
“Es extremadamente raro que, como en este caso, la evidencia genere la presunción de un proceso vengativo que el Gobierno deba refutar. Esto pone a los abogados del Gobierno en una situación desesperada”, declaró el juez federal retirado John Jones.
“Los testigos del Gobierno tendrán que intentar justificar la decisión de procesar a Ábrego García, que surgió del Tribunal de Apelaciones y solo después de su liberación”, añadió Jones. “Desde el punto de vista de la defensa, este es el sueño de cualquier abogado”.
Ábrego García se encuentra en libertad condicional en Maryland y, al mismo tiempo, se opone a los intentos del Gobierno de volver a deportarlo, esta vez a un país distinto de El Salvador.
Su deportación inicial a ese país, de donde es originario, violó una orden judicial de 2019 que prohibía expresamente a los funcionarios enviarlo de regreso allí por temor a la violencia de pandillas.
Después de que una jueza federal en Maryland dictaminara que el Gobierno debía trabajar para facilitar su regreso, las autoridades se resistieron a cumplir con la orden durante meses, pero finalmente lo repatriaron en junio. Fue arrestado bajo una acusación de tráfico de personas al regresar a territorio estadounidense.
Ábrego García se declaró inocente de los dos cargos derivados de una detención de tráfico en 2022, que fue objeto de una investigación federal que se cerró días antes de su deportación, en marzo pasado.
Los fiscales optaron por no presentar cargos tras la detención, pero en la acusación formal, obtenida el año pasado, alegaron que los nueve pasajeros hispanos que viajaban en el vehículo con Ábrego García estaban siendo traficados como parte de una red internacional de tráfico de personas que duró años y en la que él estaba involucrado.
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