John Roberts pone fin a la racha de victorias de Trump en la Corte Suprema
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, aportó dramatismo el viernes al subir al estrado del tribunal para declarar, por fin, que los aranceles del presidente Donald Trump son ilegales.
Durante 10 apasionantes minutos, expuso metódicamente los argumentos contra la emblemática iniciativa económica de Trump, que ha generado miles de millones de dólares para el tesoro nacional, pero que ha sacudido los mercados mundiales y ha afectado duramente a los consumidores estadounidenses.
El anuncio en el escenario de mármol blanco es un clásico de Roberts.
El presidente del Tribunal Supremo, quien ya lleva 21 años en el cargo, se aferró a sus defensores de la ley. Enfatizó los límites del asunto en cuestión, sin mencionar los reembolsos. Y demostró serenidad, un contraste con la escena en la Casa Blanca más tarde ese mismo día, cuando Trump denunció a los jueces en términos mordaces y muy personales.
La voz de Roberts fue firme y sus palabras mesuradas, como para minimizar este choque descomunal entre el poder judicial y el ejecutivo. (Enfatizó que los jueces también habían rechazado importantes iniciativas del entonces presidente Joe Biden).
“No reclamamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores”, explicó Roberts en su opinión escrita de 21 páginas. “Solo reclamamos, como es nuestro deber, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de esa función, sostenemos que (la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional o IEEPA) no autoriza al Presidente a imponer aranceles”.
Para quienes estaban presentes, Roberts mencionó, por su nombre, al venerado presidente del Tribunal Supremo John Marshall, autor de los hitos sobre la autoridad judicial y la separación constitucional de poderes. Hace dos siglos, en 1824, Marshall había considerado la autoridad para imponer aranceles “una rama del poder tributario”, que es, sin duda, competencia del Congreso.
En su opinión escrita, Roberts citó el caso (Gibbons v. Ogden), no a Marshall por su nombre. Pero en este momento histórico en la sala, con los otros ocho jueces en la alta magistratura, Roberts buscó reivindicar el título de gran presidente del Tribunal Supremo.
Trump, ante las cámaras en la Casa Blanca, presentó a la mayoría de la Corte de Roberts como su némesis. Calificó a los jueces que fallaron en su contra como una “vergüenza” para la nación. Dedicó especial ira a dos de los jueces designados por él, los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, a quienes calificó de “vergüenza para sus familias”.
Roberts, desde su posición privilegiada, no ha respondido de la misma manera. El presidente del Tribunal Supremo no dijo nada más ese día sobre los comentarios de Trump y, de hecho, ha evitado provocar al presidente. Solo en contadas ocasiones ha reprendido a Trump, a pesar de sus constantes diatribas contra el poder judicial.
El año pasado, después de que Trump se refiriera a un juez federal que supervisaba un caso de deportación de migrantes como “corrupto” y declarara que debía ser sometido a un juicio político, Roberts emitió una breve declaración. Sus términos fueron tan desapasionados como acalorados los de Trump. El impeachment, declaró el presidente del Tribunal Supremo, “no es una respuesta apropiada ante el desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión en apelación existe para ese propósito”.
Este tribunal, con su supermayoría conservadora, no es apto para trazar un nuevo camino contra el presidente. Basándose en los comentarios de los jueces durante los argumentos orales de diciembre en la controversia sobre el intento de Trump para despedir a los directores de agencias independientes, por ejemplo, es probable que el presidente prevalezca sobre la amplia facultad de destitución.
Trump podría fracasar en su intento de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, consagrado en la Decimocuarta Enmienda. Ese caso se presentará el 1 de abril. Al igual que su acción unilateral de imponer aranceles, el deseo de Trump de eliminar la garantía de ciudadanía para prácticamente todos los niños nacidos en Estados Unidos no tiene precedentes.
En resumen, Trump podría enfrentar derrotas solo en los casos más extremos.
Las empresas y consumidores estadounidenses, países extranjeros y mercados globales, junto con Trump, habían estado esperando esta decisión. Su administración, que había perdido en tribunales inferiores, había solicitado a los jueces una tramitación acelerada, advirtiendo que se podría recaudar un billón de dólares para finales de la primavera y que se necesitaba claridad.
Los principales contendientes, un fabricante de juguetes educativos de Illinois y un importador de vino de Nueva York, también habían instado a los jueces a que se pronunciaran con rapidez, y muchos analistas económicos y jurídicos esperaban una decisión a principios de enero.
Quizás debido a semanas de expectativas frustradas, la sala del tribunal no se llenó el viernes. Varios asientos en la sección de abogados, las filas de prensa y el área de invitados de los jueces estaban vacíos.
Sin embargo, justo debajo de Roberts, en una mesa en el espacio de la sala, se encontraba el Procurador General John Sauer, quien había defendido con vehemencia la postura pro arancelaria de Trump, y en la sección de abogados generales, más atrás, se sentaba Neal Katyal, quien había representado a uno de los contendientes.
Los propios jueces no mostraron ninguna expectativa especial cuando Roberts comenzó la mañana procediendo a anunciar que tenía la decisión en Learning Resources contra Trump. Y, a diferencia de otros casos de gran importancia, ninguno de los jueces disidentes decidió leer ningún extracto de sus escritos. La mayoría simplemente observaba, impasible, a los espectadores.
Trump ha tenido una notable racha de victorias en la Corte Suprema, con el apoyo de Sauer, su exabogado privado, a quien nombró procurador general tras su reelección. Su racha comenzó con la decisión de 2024 que otorgó a Trump, entonces entre sus dos mandatos, inmunidad sustancial frente al procesamiento penal.
Pero las medidas unilaterales de Trump sobre los aranceles pusieron a prueba incluso a una mayoría judicial que se ha inclinado por una mayor autoridad presidencial. La Constitución otorga al Congreso la facultad de aplicar impuestos y aranceles, y nunca antes un presidente había invocado la IEEPA como fundamento para imponer aranceles. Trump había puesto especial énfasis en los productos procedentes de Canadá, México y China, ejerciendo presión contra el narcotráfico.
Rechazando las apelaciones de Trump, Roberts enfatizó los límites de la ley de 1977, particularmente en relación con la facultad tributaria del Congreso bajo la Constitución. Señaló que, después de todo, un arancel es simplemente un impuesto sobre los bienes importados.
Sauer, al defender una interpretación expansiva de la IEEPA, se había basado en gran medida en un caso de 1981, Dames & Moore vs Regan. En esa controversia, el alto tribunal confirmó la confianza del presidente Jimmy Carter en la IEEPA para utilizar los activos iraníes congelados como moneda de cambio para lograr la liberación de 52 rehenes estadounidenses.
El juez disidente Brett Kavanaugh, otro de los nominados por Trump, junto con los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito, argumentó de manera similar que el caso de 1981 ayudó a justificar los aranceles.
Roberts estaba especialmente dispuesto a refutar esa afirmación. Había sido asistente legal del entonces juez William Rehnquist en 1981, cuando este redactó la decisión en el caso Dames & Moore.
En su opinión del viernes, Roberts retomó cinco líneas distintas de Rehnquist que limitaban el alcance del caso Dames & Moore, incluyendo: “No intentamos establecer directrices generales que cubran otras situaciones no contempladas en este caso…” y “Recalcamos la estrechez de nuestra decisión”.
Luego, Roberts, con un toque de frivolidad que había dejado atrás al entrar en la sala, añadió: “Esto no es exactamente un ‘no, no, mil veces no’, pero debería haber bastado para disuadir a los disidentes de invocar el caso”.
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