Un expríncipe es arrestado en el Reino Unido mientras en Estados Unidos sigue en entredicho la rendición de cuentas
Los agentes de policía que acudieron a buscar al príncipe caído del Reino Unido en su cumpleaños número 66 desmintieron la percepción definitoria del escándalo de Jeffrey Epstein: que las élites ricas están protegidas del escrutinio debido a quiénes son.
En Estados Unidos, la rendición de cuentas todavía parece difícil de alcanzar.
Pocas cosas son más elitistas que ser hermano del rey Carlos III o el hijo predilecto —según fuentes internas— de la difunta reina Isabel II. Pero la sangre azul no evitó que Andrew Mountbatten-Windsor fuera arrestado en una investigación tras la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein.
El espectáculo del expríncipe Andrés siendo trasladado el jueves desde sus nuevas y reducidas habitaciones en la campiña británica a la sórdida e indigna estación de policía intensificó la controversia más grave que ha sacudido a la familia real en generaciones.
Mountbatten-Windsor fue interrogado por sospechas de mala conducta en el cargo durante su periodo como enviado comercial del Reino Unido.
Previamente, la policía declaró que estaba revisando las acusaciones de que había compartido información confidencial con Epstein. Mountbatten-Windsor negó todas las irregularidades previas, pero no ha hecho comentarios sobre las últimas acusaciones.
Pero su realidad disminuida quedó al descubierto en el escueto lenguaje legal de un comunicado policial del jueves que decía que “un hombre de unos sesenta años de Norfolk” había “sido liberado bajo investigación”.
El principio de que nadie —ni siquiera el exduque de York— es inmune al principio de igualdad ante la ley fue reafirmado en una declaración del rey, notable por su gélido distanciamiento del monarca respecto de su hermano.
“Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso”, afirmó.
El primer arresto de un miembro de la realeza británica en casi 400 años planteó esta pregunta: si las autoridades legales en Gran Bretaña y otras partes de Europa pueden actuar independientemente y romper el círculo protegido en torno a la antigua red de Epstein, ¿por qué no hay una fe similar en el sistema de justicia en Estados Unidos?
“El Reino Unido está exigiendo cuentas a sus poderosos y privilegiados. Estados Unidos debería hacer lo mismo”, declaró el representante demócrata Jake Auchincloss, de Massachusetts, a Kate Bolduan de CNN.
En el Reino Unido, la maquinaria de investigación pública parece funcionar según lo previsto.
Es más difícil afirmar eso con seguridad en Estados Unidos, dada la politización de un sistema judicial que ha procesado a los opositores del presidente Donald Trump y a un presidente que indultó a cientos de personas condenadas por delitos relacionados con los disturbios del 6 de enero de 2021.
El Departamento de Justicia de Trump tuvo que ser obligado a revelar información en cada caso.
Y la única persona a la que se le ha ofrecido un amparo legal hasta el momento es Ghislaine Maxwell, quien prestó testimonio absolviendo al presidente de irregularidades en sus tratos con su expareja, y fue trasladada a una prisión con medidas más indulgentes para cumplir su condena por delitos sexuales.
En medio de una creciente campaña por justicia para las víctimas de Epstein, Trump ha calificado de “engaño” el trauma de estas personas.
El presidente ha dicho que es hora de que el país siga adelante.
La indignación performativa de la secretaria de Justicia Pam Bondi, quien la semana pasada se negó a dirigirse a los sobrevivientes de Epstein en una audiencia del Congreso, personificó la actitud de una administración que solo se vio obligada a publicar los archivos de Epstein por una nueva ley aprobada a finales del año pasado en medio de una revuelta republicana.
No hay evidencia de irregularidades por parte del presidente en relación con su antigua amistad con Epstein.
Sin embargo, el deseo de Trump de ignorar los archivos de Epstein —a pesar de años de prometer que los publicaría—, sumado a la caótica y opaca gestión del asunto por parte del Departamento de Justicia, ha alimentado reiteradamente las dudas sobre sus motivos.
No es el único estadounidense prominente —incluido el expresidente Bill Clinton, el cofundador de Microsoft Bill Gates y el secretario de Comercio Howard Lutnick— que enfrenta preguntas sobre su conocimiento del comportamiento de Epstein.
El miércoles, el multimillonario Les Wexner, quien contribuyó al lujoso estilo de vida de Epstein, prestó declaración ante una comisión del Congreso que investiga la presunta red de tráfico sexual.
Al igual que Trump, ninguno de estos hombres ha sido acusado por las fuerzas del orden de ningún delito.
Pero sus vínculos pasados con Epstein han empezado a costarle la vida a estadounidenses prominentes en el mundo empresarial, las grandes firmas de abogados y el sector empresarial de la industria del entretenimiento. Algunos han perdido sus empleos. Otros están defendiendo su reputación.
El Departamento de Justicia puede tener razón al insistir en que no hay pruebas suficientes de irregularidades para acusar a alguien de delitos relacionados con sus vínculos con Epstein. Sin embargo, esto no aborda los problemas centrales del escándalo.
Incluso si no es posible procesar a nadie, ¿qué tal si se contabilizan las decenas de mujeres presuntamente abusadas por Epstein?
Si existía una red de tráfico sexual operando en Estados Unidos, ¿no debería el Gobierno investigarla, aunque solo sea para asegurarse de que no vuelva a ocurrir?
¿Y no se le deben al país respuestas sobre el círculo de personas ricas e influyentes que continuaron asociadas con Epstein incluso después de su condena en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor?
Estas preguntas no conciernen únicamente a la administración Trump. No hay pruebas públicas de que la administración Biden haya iniciado investigaciones activas sobre Epstein o sus antiguos allegados tras su muerte.
Una lección recurrente de la saga de Epstein es que cada esfuerzo que hace Trump para cerrarla sólo parece darle nueva vida política.
Pero la divulgación del material desató la rendición de cuentas. La investigación británica sobre Mountbatten-Windsor, por ejemplo, siguió a la filtración de documentos.
Lo mismo ocurrió con una investigación penal independiente sobre el exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson. El exministro del gabinete está siendo investigado por acusaciones de haberle proporcionado información confidencial a Epstein que habría sido valiosa en Wall Street.
Mandelson declaró en enero: “Quiero decir alto y claro que me equivoqué al creerle (a Epstein) tras su condena y al continuar mi relación con él después. Pido disculpas inequívocas por hacerlo a las mujeres y niñas que sufrieron”.
Los archivos de Epstein también dieron lugar a investigaciones en Noruega y Polonia.
Todo esto representa una reivindicación para los legisladores que presionaron por su liberación y para las víctimas de Epstein que intensificaron su campaña el año pasado.
Algunos sobrevivientes de Epstein esperan que los sorprendentes acontecimientos del jueves impulsen más revelaciones en Estados Unidos.
“Es increíble. Y es algo que todos los sobrevivientes han estado esperando con ansias y por lo que han trabajado”, declaró Marina Lacerda a John Berman de CNN. “Solo viéndolo, es increíble cómo todos están actuando. Y nosotros no estamos haciendo nada en Estados Unidos”.
La historia de Lacerda no se cruza con la de Mountbatten-Windsor, pero ella es una voz prominente en el movimiento de víctimas.
Si bien la investigación británica sobre Mountbatten-Windsor se basa en las preocupaciones sobre su papel como enviado comercial, podría revelar otras áreas de su vida.
Y lo más intrigante es que podría profundizar en lo que se sabía sobre sus presuntas actividades dentro del Gobierno y su familia.
Dado a que todo lo relacionado con la realeza es una gran noticia, cada avance en el caso volverá a centrar la atención en el asunto de Epstein y en nuevos contrastes con la forma en que lo está manejando la administración Trump.
Spencer Kuvin, un abogado que representa a nueve víctimas de Epstein, declaró a “CNN News Central” que el avance más importante del jueves fue “al menos en nombre de las víctimas, que independientemente del título, la institución, la posición social o el poder, estos hombres rendirán cuentas”.
El jueves también ofreció cierto consuelo a la familia de la fallecida Virginia Giuffre, a quien Mountbatten-Windsor supuestamente pagó millones de dólares en 2022 para resolver un caso en el que alegaba agresión sexual.
“Hoy, nuestros corazones rotos se han conmovido al saber que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”, declaró su familia en un comunicado.
Mountbatten-Windsor afirmó no recordar haber conocido a Giuffre y llegó a un acuerdo en su demanda sin admitir responsabilidad ni irregularidades.
Sin embargo, las esperanzas de que las investigaciones en otras partes pudieran abrir un dique de rendición de cuentas en Estados Unidos sólo pudieron verse frustradas por los primeros comentarios de Trump sobre el arresto de Mountbatten-Windsor.
“Es realmente interesante, porque nadie hablaba de Epstein cuando estaba vivo, pero ahora sí. Pero soy yo quien puede hablar de ello, porque he sido totalmente exonerado”, manifestó Trump. “No hice nada. De hecho, todo lo contrario: él estaba en mi contra, me estaba combatiendo en las elecciones, como acabo de descubrir en los últimos 3 millones de páginas de documentos”.
Aunque el presidente considera el caso Epstein como un complot en su contra, las mujeres que buscan reconocimiento por los agravios que sufrieron cuando eran niñas probablemente se sentirán decepcionadas.
Y la idea de que el sistema de justicia estadounidense, como su homólogo británico, pudiera funcionar independientemente del jefe de Estado —aunque eso le causara una gran vergüenza— ya no es creíble.
Como para confirmar esta nueva y cruda realidad estadounidense, el Departamento de Justicia desplegó el jueves una enorme pancarta entre dos columnas icónicas en su sede de Washington.
Allí estaba una enorme imagen del rostro de Trump.
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