“Escenario catastrófico”: funcionarios demócratas se preparan ante posible injerencia de Trump en elecciones de medio término
Los funcionarios electorales demócratas se preparan para una posible injerencia del gobierno federal en las elecciones de medio término, mientras los designados por el presidente Donald Trump intensifican sus esfuerzos para encontrar pruebas de sus afirmaciones de fraude electoral, ya desmentidas en repetidas ocasiones.
La posibilidad de una intervención del gobierno federal en las elecciones estatales “se encuentra ahora en una categoría similar a un fenómeno meteorológico, una amenaza de bomba o un apagón”, para la cual los funcionarios deben prepararse, declaró a CNN el secretario de Estado de Minnesota, Steve Simon. Simon habló pocas horas después de que el FBI incautara boletas electorales de 2020 en el condado de Fulton, Georgia.
Simon, demócrata, enfatizó que no estaba prediciendo tal injerencia. Sin embargo, él y sus colegas han discutido diversas medidas, desde proteger a los votantes de interacciones con las fuerzas del orden federales en los centros de votación hasta gestionar la presión del gobierno para obtener acceso a información personal de decenas de millones de votantes.
El Gobierno de Trump ha presionado para modificar las reglas electorales antes de las elecciones de medio término, incluso con un decreto del año pasado que ha sido parcialmente bloqueado por los tribunales.
El registro de la oficina electoral del condado de Fulton por parte del FBI se produjo días después de que la fiscal general Pam Bondi vinculara la represión antiinmigratoria en Minnesota con la exigencia de su agencia de obtener los registros de votantes del estado sin censurar, lo que alarmó a los jefes electorales estatales, quienes ya están preocupados por los ciberataques, las amenazas a los trabajadores y otros posibles obstáculos para completar el recuento.
“Esta es ahora una categoría de planificación legítima. Es extraordinariamente triste, pero sería irresponsable de nuestra parte ignorar la posibilidad”, dijo Simon durante la reunión anual de invierno de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado (NASS).
Los secretarios de Estado demócratas dijeron que se mostraban reacios a dar detalles explícitos sobre su planificación anticipada por temor a alarmar a los votantes o a proporcionar una hoja de ruta a posibles infractores. Sin embargo, afirmaron que sus preparativos estaban evolucionando ante los nuevos riesgos que plantea la administración.
En Nevada, el secretario de Estado Cisco Aguilar, quien preside la Asociación Demócrata de Secretarios de Estado, dijo que quiere asegurarse de que los centros de votación en el este de Las Vegas, con una gran población latina, cuenten con suficiente personal y equipo de votación para evitar largas filas durante las horas pico.
Le preocupa que las largas filas puedan exponer a los votantes al acoso de agentes de inmigración federales y otros, “aunque sabemos que los no ciudadanos no votan en Nevada”. ProPublica encontró el año pasado más de 170 casos de ciudadanos estadounidenses detenidos durante operaciones o protestas migratorias. Esta misma semana, mientras su estado también se convertía en blanco de una intensificación de las operaciones federales de inmigración, la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, consultó la ley federal que limita la presencia de militares armados en los centros de votación.
“Si la gente tiene demasiado miedo para salir a comprar víveres o ir a trabajar, también tendrá demasiado miedo para salir a votar si hay agentes federales armados patrullando las calles el próximo noviembre”, declaró.
La secretaria de Estado de Connecticut, Stephanie Thomas, afirmó que su equipo se está preparando para problemas de larga data, como los ciberataques, pero también para nuevas amenazas específicas de la era Trump, como “si se envían tropas a un centro de votación”.
“Básicamente, analizamos las noticias del día, los peores escenarios posibles, y nos aseguramos de contemplar cualquier emergencia antes de que ocurra”, dijo Thomas.
En respuesta a estas preocupaciones, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró en un comunicado: “Las conspiraciones demócratas carecen de fundamento y sus afirmaciones no deberían ser difundidas sin crítica por los principales medios de comunicación”. Añadió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) “se centra en deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, quienes no deberían estar cerca de ningún centro de votación, ya que votar sería un delito para ellos”.
“El presidente Trump se preocupa profundamente por la integridad de nuestras elecciones, al igual que los millones de estadounidenses que lo reeligieron basándose en su promesa de garantizar la seguridad de las elecciones”, afirmó.
El presidente ha repetido en numerosas ocasiones afirmaciones desmentidas sobre un supuesto fraude en su derrota de 2020 y recientemente se negó a descartar el envío de la Guardia Nacional para confiscar las máquinas de votación, algo que consideró hacer tras su derrota ante el demócrata Joe Biden.
“Debería haberlo hecho”, le dijo a The New York Times en una entrevista en enero, y agregó más tarde: “Tenemos elecciones muy deshonestas. Bien, se lo digo alto y claro. No sé si es políticamente correcto o no decirlo. No debería quejarme. Gané tres veces”.
En las primeras semanas de su Gobierno, Trump desmanteló una agencia federal de ciberseguridad que asistía a las oficinas electorales, y recortó los fondos para una plataforma federal de intercambio de información entre estados para monitorear la desinformación y las amenazas electorales.
El Departamento de Justicia, que ha amplificado las afirmaciones de que los inmigrantes indocumentados se han infiltrado en las elecciones estadounidenses, sin pruebas independientes, ha demandado a dos docenas de estados para obtener los registros completos de votantes, incluida información personal como números de Seguro Social y direcciones particulares.
La Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien rechaza el consenso bipartidista de que Rusia intentó influir en las elecciones de 2016, estuvo presente cuando agentes del FBI incautaron las boletas de 2020 en el condado de Fulton, Georgia, bajo una orden de registro. Su oficina dijo posteriormente que garantizar la seguridad electoral está dentro de las funciones legales de Gabbard, particularmente en lo que respecta a la contrainteligencia.
Trump también ha alterado las convenciones al iniciar una campaña de redistribución de distritos a mitad de la década con el objetivo de ayudar a su partido a obtener escaños adicionales en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de período de noviembre. Posteriormente, el Departamento de Justicia se unió a una demanda que busca invalidar el intento de los demócratas de California de rediseñar sus propios mapas de distritos electorales.
En entrevistas con CNN durante la reunión de esta semana, los jefes electorales demócratas expresaron su preocupación por los crecientes enfrentamientos de la administración con las autoridades estatales y locales, mientras que el gobierno federal ha reducido drásticamente el apoyo de ciberseguridad para las elecciones.
“La mecánica para garantizar la seguridad de las elecciones… se ha eliminado por completo y, en cambio, se ha reemplazado por estas extrañas teorías de conspiración que no tienen fundamento en la realidad”, dijo Bellows, secretaria de Estado de Maine.
La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, dijo que los recientes acontecimientos en Minneapolis, donde agentes federales mataron a dos estadounidenses durante las protestas contra ICE, “ya están mostrando a la gente hasta dónde están dispuestos a llegar” para impulsar su agenda.
“Este es un momento aterrador en nuestra historia”, dijo Griswold.
La reunión anual de la NASS suele ser un evento discreto y bipartidista donde los principales funcionarios electorales escuchan a expertos para discutir los últimos avances en temas como la ciberseguridad y comparten información sobre cuestiones de política. La reunión de esta semana en un hotel del centro de Washington tenía el ambiente típico de una conferencia: un bufé de desayuno repleto de pasteles y fruta fresca, mesas cubiertas con manteles donde los proveedores ofrecían software y máquinas de votación, e insignias con nombres que facilitaban que los funcionarios gubernamentales, los defensores de organizaciones sin fines de lucro y los asesores electorales privados se presentaran e intercambiaran tarjetas de presentación.
Los drásticos cambios del último año fueron un tema inevitable de conversación.
En una sesión abierta, la vicegobernadora de Utah, Deidre Henderson, republicana y máxima responsable electoral de su estado, interpeló a un funcionario de la Casa Blanca sobre las declaraciones de Harmeet Dhillon, jefa de derechos civiles del Departamento de Justicia, quien afirmó que los estados necesitaban ayuda federal para depurar sus registros electorales.
“Prácticamente nos ha calumniado a todos”, dijo Henderson. “Y para mí, es problemático afirmar públicamente que los secretarios de Estado no estamos haciendo nuestro trabajo y que el gobierno federal tiene que hacerlo por nosotros. No está bien”.
La mayoría de los estados se resisten a las solicitudes del Departamento de Justicia de sus datos confidenciales de registro de votantes, y la oficina de Dhillon ahora está demandando a dos docenas de estados para obtener sus registros.
El secretario de Estado de Mississippi, Michael Watson, republicano y actual presidente de la NASS, ha entregado los datos de votantes que solicita el Gobierno. Pero se negó a firmar un acuerdo propuesto por el Departamento de Justicia que exigía al estado “limpiar” los padrones electorales dentro de los 45 días posteriores a la revisión del Departamento de Justicia, considerando esto como una intromisión en el proceso de mantenimiento de las listas electorales en Mississippi.
“El gobierno federal tiene un papel mínimo en las elecciones, y lo entiendo. Y cuando el Congreso actúa, eso es otra cosa”, dijo Watson a CNN. “Pero fuera de eso, los estados son los que deberían estar a cargo”.
Sin embargo, no espera que la acción federal se convierta en un problema en las elecciones de mitad de período.
La erosión del bipartidismo ha afectado a la comunidad electoral estatal en ambos sentidos. Si bien muchos demócratas criticaron abiertamente el enfoque de la Casa Blanca, algunos republicanos salieron en su defensa y alentaron los esfuerzos de la administración para imponer más medidas de seguridad en el proceso electoral, incluyendo propuestas para agregar una prueba de ciudadanía al registro de votantes, lo que también podría dificultar el voto para los votantes elegibles.
El secretario de Estado republicano de Virginia Occidental, Kris Warner, dijo a CNN que no tiene “ningún temor” a la interferencia federal en las elecciones de 2026. Su hermano, el exsecretario de Estado de Virginia Occidental, Mac Warner, se unió al Gobierno de Trump el año pasado como alto funcionario del Departamento de Justicia.
Warner reconoció que algunos demócratas “tienen sus preocupaciones en sus estados, pero no lo veo como una preocupación en Virginia Occidental”.
Los funcionarios electorales se están adaptando para compensar la brecha creada por la eliminación del apoyo de ciberseguridad del gobierno federal por parte de la administración, como señaló el secretario de Estado de Idaho, Phil McGrane, indicando que los estados están creando sus propias plataformas de coordinación. “Sería mejor que trabajáramos al unísono, como lo hemos hecho en el pasado, pero sé que se han realizado muchos esfuerzos para garantizar que la solidez del sistema no se vea debilitada”, declaró a CNN.
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