Grupos a favor de las armas y juristas critican la postura de la administración Trump sobre la Segunda Enmienda tras tiroteo
Las afirmaciones de funcionarios de la administración Trump de que el hombre muerto por un agente federal en Minneapolis no tenía derecho a poseer un arma de fuego y que su muerte estuvo justificada están siendo rechazadas por expertos legales y criticadas por grupos a favor de las armas que normalmente apoyan al presidente.
La retórica de los funcionarios de seguridad de Trump, incluido su director del FBI y el principal agente de la Patrulla Fronteriza, va en contra del esfuerzo republicano de décadas para frenar las regulaciones sobre el control de armas.
“Han defendido en los tribunales la oposición a leyes estatales que regulan las armas de fuego —acceso, uso, porte—, así que me sorprende verlos ahora usar el ejemplo de un propietario legal de armas como justificación para el uso de la fuerza”, dijo Megan Walsh, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota especializada en la Segunda Enmienda, sobre los comentarios de los funcionarios de Trump.
Un agente federal de inmigración disparó y mató a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado, después de derribar al propietario legal de un arma mientras grababa a los agentes con su teléfono. Al menos un agente se escucha gritar “tiene un arma” mientras otro parece meter la mano en la cintura de Pretti. Un agente parece alejarse sosteniendo el arma de Pretti y, aproximadamente un segundo después, se escucha un disparo, seguido de al menos nueve más, según muestran videos revisados por CNN.
“Respetamos ese derecho de la Segunda Enmienda, pero esos derechos no cuentan cuando se participa en disturbios y se agrede, retrasa, obstruye e impide a los agentes del orden y, sobre todo, cuando se tiene la intención de hacerlo de antemano”, dijo el comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, a Dana Bash de CNN el domingo.
Bovino, quien ha estado liderando la operación de control migratorio de la administración en Minneapolis, no citó pruebas de que Pretti cometiera actos violentos o interfiriera con los agentes, ni de que la protesta fuera un “disturbio”.
Minnesota permite desde hace años el porte abierto y oculto de armas de fuego con una licencia emitida tras cumplir ciertos requisitos, y las regulaciones estatales no prohíben a estas personas portar armas en protestas. Las leyes estatales son tan permisivas que los propietarios de armas con licencia pueden incluso llevar armas al Capitolio estatal de Minnesota.
Sin embargo, el director del FBI, Kash Patel, uno de varios funcionarios que defendieron rápidamente el tiroteo, dijo en Fox News: “No se puede llevar un arma cargada con varios cargadores a cualquier tipo de protesta que uno quiera. Es así de simple”.
“Nadie que quiera ser pacífico se presenta a una protesta con un arma cargada con dos cargadores completos”, añadió.
Walsh dijo que no ve “ninguna zona gris en esta situación”.
“Él portaba un arma de fuego legalmente, y eso no es una licencia para matarlo”, dijo Walsh. “Tenemos una Constitución que otorga un derecho individual en la Segunda Enmienda, y es ilegal matar a un hombre por ejercer sus derechos constitucionales”.
Walsh señaló que la retórica de la administración Trump hacia Pretti no concuerda con su oposición a las regulaciones estatales sobre armas de fuego. La semana pasada, el Departamento de Justicia instó a la Corte Suprema a anular una ley de Hawai que prohíbe portar armas en propiedad privada sin la aprobación explícita del propietario, argumentando que vulnera los derechos de la Segunda Enmienda.
Amy Sweasy, exfiscal de larga trayectoria en la Oficina del Fiscal del condado de Hennepin, que procesa casos en Minneapolis, estuvo de acuerdo.
“Es inconsistente escuchar a una administración que ha sido muy, muy vocal en la protección de los derechos de la Segunda Enmienda y de leyes como las de porte oculto y porte abierto, y que luego —en un sentido de culpar a la víctima— diga: ‘Nuestros agentes no son responsables’ o que este joven perdió la vida por decisiones que en realidad le están garantizadas por las mismas leyes que ellos dicen apoyar”, señaló.
Las declaraciones de Patel también recibieron una respuesta inmediata del Minnesota Gun Owners Caucus, que el domingo se unió a otros grupos defensores de los derechos de las armas para dar la voz de alarma.
Los grupos a favor de las armas han defendido durante mucho tiempo el derecho a portar armas abiertamente en público, una postura que Trump y otros en la derecha han promovido a lo largo de los años.
“Esto es completamente incorrecto según la ley de Minnesota. No hay ninguna prohibición para que un titular de permiso porte un arma de fuego, cargada, con varios cargadores, en una protesta o manifestación en Minnesota”, escribió el Minnesota Gun Owners Caucus en X en respuesta a los comentarios de Patel.
Un día antes, Bill Essayli, un alto fiscal de la Oficina del fiscal federal en Los Ángeles, publicó en X que “si te acercas a las fuerzas del orden con un arma, hay una alta probabilidad de que estén legalmente justificados para dispararte. ¡No lo hagas!”
Estos comentarios recibieron una rápida condena por parte de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), el principal grupo de presión a favor de las armas en Estados Unidos, que los calificó de “peligrosos y erróneos” y pidió a los funcionarios que eviten “hacer generalizaciones y demonizar a los ciudadanos respetuosos de la ley”.
Otro grupo destacado, Gun Owners of America, describió los comentarios de Essayli como “impropios” y dijo que la Segunda Enmienda “protege el derecho de los estadounidenses a portar armas mientras protestan, un derecho que el Gobierno federal no debe infringir”.
Andrew Willinger, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia y experto en la Segunda Enmienda, dijo que, aunque los grupos no estén defendiendo abiertamente a Pretti, su rápido rechazo a las declaraciones de los funcionarios subraya su compromiso con los derechos de las armas que han promovido.
“Como mínimo, creo que estarán en una posición difícil si no lo hacen”, dijo Willinger. “Puede ser un caso en el que estos grupos de derechos de armas tengan que decidir qué hacer cuando la víctima no es el típico propietario de armas… y creo que ese podría ser el caso aquí”.
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