La pausa a las visas para inmigrante a EE.UU. entra en vigor hoy. Expertos cuestionan la medida y prevén que habrá demandas
Una de las medidas más recientes del Gobierno de Donald Trump en su ofensiva migratoria es la pausa en el procesamiento de visas para inmigrante para ciudadanos de 75 países, que entra en vigor este mismo miércoles.
Se trata de una suspensión por tiempo indefinido que deja en el limbo a futuros y actuales solicitantes de visas de inmigrante, como las destinadas al empleo en Estados Unidos o por petición familiar.
El Departamento de Estado señaló en una nota oficial que en esta pausa se llevará a cabo “una revisión exhaustiva de todas las políticas, regulaciones y directrices para garantizar que los inmigrantes procedentes de estos países de alto riesgo no utilicen los programas de asistencia social en Estados Unidos ni se conviertan en una carga pública”.
Sin embargo, el argumento de “carga pública” ya se encuentra definido en la legislación estadounidense, dijo a CNN el abogado de inmigración Carlos Colombo, por lo que esta decisión causa más incertidumbre de la que ya se ha generado hasta ahora con las medidas migratorias de la presente administración.
Para Colombo, el argumento de “carga pública” para pausar la emisión de visas de inmigrante para personas de 75 países “no tiene sentido” porque la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) ya incluye los parámetros para determinar si un inmigrante puede convertirse en una carga para el gobierno al hacer uso de ayudas sociales.
“Siempre que una persona se presenta para una visa de inmigrante, (los funcionarios de inmigración) tienen discreción de hacer un análisis de carga pública. Existe ya esa ley, existe el formato de cómo se analiza”, dijo Colombo.
Ese análisis de carga pública, agregó el abogado fundador del despacho Colombo & Hurd, se realiza “en todos los casos para una visa de inmigrante”.
Aunado a ello, Colombo explicó que el número tan amplio de países en esta nueva directriz también genera dudas porque el análisis de carga pública se hace “a nivel individual, no basado en tu ciudadanía o tu nacionalidad”.
La INA señala que las autoridades pueden determinar si un extranjero es una carga pública —y, por tanto, inadmisible en el país— al tomar en cuenta factores como edad, salud, estatus familiar, activos, recursos, situación financiera, educación y habilidades. Sin embargo, no menciona la ciudadanía o la nacionalidad como puntos para decidir si un extranjero es una carga pública.
El Departamento de Estado no específicó las razones por las que eligió a los 75 países de esta suspensión y solamente se refirió a ellos como “países de alto riesgo”.
Al preguntarle al Departamento de Estado qué factores se tomaron en cuenta para establecer la lista de 75 países, un portavoz de la institución respondió a CNN en un correo electrónico que se definió el listado “ante indicios de que los inmigrantes de estos países tienen un mayor riesgo de recibir beneficios públicos en Estados Unidos”.
“El Departamento suspende la emisión de visas con el fin de evaluar y mejorar los procedimientos y las directrices de selección y verificación relacionados con el motivo de inelegibilidad por carga pública”, añadió.
El abogado de inmigración Héctor Quiroga coincidió con Colombo y dijo que la valoración sobre la carga pública “siempre ha sido individualizada, nunca colectiva”, y destacó que es una regla que está en la INA “desde hace más de un siglo”.
“La INA dice claramente que la inadmisibilidad se evalúa caso por caso y que el oficial consular debe revisar factores personales: ingresos, historial laboral, salud, edad y la capacidad del patrocinador de sostener al inmigrante”, dijo Quiroga a CNN.
“La regla de carga pública fue pensada para evitar que una persona, no una nación completa, dependa económicamente del Estado. Históricamente, incluso en administraciones que han tratado de endurecer esa regla, como ocurrió en 2019, el cambio siempre se hizo mediante regulación formal, con períodos de comentarios públicos, estudios de impacto y justificaciones detalladas. En este caso no estamos viendo ese proceso. Lo que tenemos es una suspensión inmediata y muy amplia, sin un reglamento nuevo ni evidencia técnica presentada al público”, detalló el abogado del despacho Quiroga Law Office PLLC.
Colombo consideró que las autoridades estadounidenses tienen que definir “claramente” cuánto va a durar la pausa en el procesamiento de visas de inmigrante para estos países, ya que puede causar efectos negativos sociales y económicos.
Al estar involucradas las visas de inmigrante para empleo, la economía de EE.UU. podría resentir la ausencia de los extranjeros que vienen a empleos de alto especialidad, como aquellos en el sector médico.
“Nosotros representamos a muchos profesionales médicos que hacen tratamiento para cáncer, que cuidan a niños que están enfermos en Estados Unidos, que son de interés nacional para este país. Esa gente (dentro de la lista de 75 países) no va a poder entrar a EE.UU., no va a poder continuar en ese tipo de trabajos” hasta que no se definan claramente los parámetros de la pausa, dijo Colombo.
No obstante, Quiroga indicó que la medida no afecta a visas temporales de trabajo, por lo que el impacto económico podría suavizarse.
“En otras palabras, se restringe la inmigración permanente sin frenar la inmigración temporal que sostiene varias industrias estadounidenses”, dijo.
El Departamento de Estado no estableció excepciones en la nueva pausa, salvo que las personas con una doble nacionalidad que esté fuera de esa lista de 75 países están exentas de la suspensión. Asimismo, la institución detalló que los extranjeros que sean originarios de alguno de los países de la lista pueden aplicar de manera normal para su visa de inmigrante e incluso asistir a sus entrevistas consulares, “pero no se emitirán visas de inmigrante a estos ciudadanos durante esta pausa”.
Tras preguntarle cuánto estima que durará la pausa, el Departamento respondió a CNN que “se tomará el tiempo necesario para realizar una revisión completa y exhaustiva”.
Colombo añadió que los efectos sociales negativos de esta medida se verán reflejados en las familias que se quedarán a la espera de reunificarse por no poder concluir su trámite.
“Por ejemplo, un ciudadano estadounidense está casado o casada con un extranjero de uno de estos países y ya están en el punto final, esperando poder reunirse en EE.UU. y tener esa reunificación familiar. Esa pareja no va a poder tomar ese paso final (y obtener su residencia permanente). Este tipo de demoras afectan directamente a muchas familias aquí dentro de Estados Unidos”, explicó Colombo.
Tanto Colombo como Quiroga prevén que esta nueva medida sea desafiada legalmente una vez entre en vigor.
“Hay tres líneas fuertes de ataque (legal). Primero, el argumento de discriminación por país de origen, porque esta medida afecta grupos enteros sin una justificación basada en seguridad nacional. Segundo, violaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que el Departamento de Estado no ha mostrado evidencia concreta ni ha seguido un proceso razonado. Y tercero, la extralimitación de autoridad: la Ley de Inmigración y Nacionalidad exige analizar carga pública caso por caso, no imponer bloqueos globales por nacionalidad. Las demandas buscan frenar la suspensión y revisar su legalidad”, argumentó Quiroga.
Por su parte, Colombo calificó la medida como un “ataque a la inmigración legal de personas basado en nacionalidad”, por lo que se pueden esperar numerosas demandas en las cortes federales.
“No tienen el poder legal para tomar una medida tan drástica. Yo creo que las demandas van a ser inmediatas (…) Discriminar por nacionalidad es claramente ilegal bajo la ley de inmigración y yo creo que ese sería el ataque (legal) probablemente más fuerte”, dijo el especialista.
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