¿Qué está pasando en Guatemala? Motines, policías asesinados y estado de sitio
Guatemala vivió este fin de semana una de las mayores crisis durante el Gobierno de Bernardo Arévalo. Al menos ocho policías murieron y varios más resultaron heridos en ataques atribuidos por las autoridades a las pandillas, tras motines en diferentes prisiones que tuvieron que ser controladas por las fuerzas del orden.
Arévalo considera que la jornada violenta tiene matices políticos que buscan desestabilizar su administración en un año clave para el país, en el que se renuevan titulares del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría del Estado y el Tribunal Supremo Electoral.
Ante la crisis de seguridad, el gobierno ordenó un estado de sitio con vigencia de 30 días, que permitirá a las autoridades detener a personas sospechosas sin necesidad de la autorización de un juez, prohibir la portación de armas de fuego, limitar o impedir la celebración de reuniones al aire libre, manifestaciones sin autorización o aun siendo avaladas si se llevan a cabo con armas de fuego o elementos de violencia, entre otras acciones.
La idea, según el Gobierno, es asegurar la tranquilidad de la población, sin que las medidas afecten el normal desarrollo de sus actividades.
Este lunes las clases fueron suspendidas y algunas instituciones como la Corte Suprema de Justicia cancelaron las jornadas de trabajo por seguridad del personal y usuarios, según un comunicado.
También como parte del estado de sitio, la Policía llevó a cabo varios allanamientos y detuvo a varias personas, presuntamente vinculadas a los ataques. En uno de los operativos se incautaron dos fusiles.
El presidente Arévalo llamó el domingo en cadena nacional a la unidad de Guatemala para sobreponerse de esta crisis y este lunes, durante las honras fúnebres de los policías fallecidos en el cumplimiento del deber, dijo que “no quedarán impunes” y que harán todo el esfuerzo para castigar a los responsables.
La crisis inició el sábado con el amotinamiento de reos en tres prisiones de manera simultánea, que incluyó la toma de custodios como rehenes para exigir el cumplimiento de sus demandas, entre estas, mejores condiciones en las cárceles, de acuerdo con las autoridades.
El Ministerio del Interior señaló que los motines fueron orquestados por miembros de la pandilla Barrio 18 y por su líder, Aldo Dupié Ochoa, conocido como “El Lobo”, quien buscaba ser trasladado a otra prisión y exigía un mejor trato mientras estaba encarcelado, informaron las autoridades.
“Como dije ayer, no estoy dispuesto como ministro del Interior a retroceder, devolverles privilegios ni conceder ningún tipo de consideración para detener esta situación”, dijo Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, a los periodistas este domingo.
Tras la tensión, las autoridades dijeron que lograron retomar el control de las prisiones.
El Gobierno dice estar convencido de que las acciones del fin de semana, si bien consideran que fueron ejecutadas por pandillas, fueron orquestadas por “estructuras políticas desestabilizadoras”.
“Las torres de corrupción e impunidad que por décadas han sostenido al crimen organizado están cayendo”, dijo Arévalo la noche del domingo en un mensaje transmitido en cadena nacional.
El 2026 es un año clave para la gestión de Arévalo, por las ya mencionadas renovaciones de cargos públicos en diversas áreas.
“El tema de la seguridad, desgraciadamente, se ha visto como una batalla político-electoral”, dijo en entrevista con CNN Alejando Balsells, analista y asesor de la Secretaría General de la Presidencia.
“Hay gente que utiliza o que crea espacios de violencia para vender alternativas electorales y este año es fundamental para el país, no es la excepción”, agregó Balsells.
El presidente Arévalo considera que con los motines y los ataques en las calles a elementos de la Policía “quisieron infundir el terror y el caos”, pero que no tuvieron éxito porque su Gobierno “no está dispuesto a realizar pactos con la delincuencia organizada”.
“Este no es un tema de violencia espontánea, no es una reacción de maras desordenadas, sino que responde a estructuras político-criminales”, aseguró Balsells.
El Gobierno dice que durante el estado de sitio tomará las medidas necesarias para que los grupos criminales no puedan ejecutar, de nuevo, acciones de este tipo, porque no permitirá que “la violencia y la intimidación” incidan en sus políticas.
The-CNN-Wire
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