Rubio afirma que EE.UU. desconoce el paradero de 137 venezolanos deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
El Gobierno de Trump desconoce el paradero de 137 venezolanos que deportó ilegalmente el año pasado, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, y agregó que intentar ofrecerles el debido proceso afectaría los intereses de la política exterior estadounidense en el país.
“Dado el tiempo transcurrido, el Gobierno de EE.UU. no conoce, ni tiene forma de conocer, el paradero de los miembros de la demanda colectiva, incluyendo si alguien ha salido de Venezuela o si el régimen (de Nicolás Maduro) posteriormente volvió a detener a alguien”, declaró Rubio en un documento judicial el lunes, en respuesta al fallo de un juez federal de diciembre que exige a EE.UU. encontrar maneras de brindarles el debido proceso a los inmigrantes.
Los comentarios del secretario de Estado subrayan el enfoque agresivo del Gobierno de Trump hacia la inmigración, que se ha intensificado en los últimos meses con el envío de agentes federales a varias ciudades para realizar controles.
La presentación del lunes también se produce después de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela tras la captura de Maduro a principios de este mes.
Considerando estos acontecimientos, Rubio argumentó que la cuestión de programar audiencias para los deportados, ya sea devolviéndolos a Estados Unidos o mediante audiencias virtuales desde Venezuela, “podría perjudicar considerablemente los intereses de la política exterior estadounidense en Venezuela”.
El juez James Boasberg dictaminó en diciembre que los 137 inmigrantes “recibieron un proceso constitucionalmente inadecuado” en marzo al no recibir una notificación significativa ni la oportunidad de impugnar sus deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Boasberg añadió que el Gobierno debe facilitarles “una oportunidad significativa para impugnar su designación”.
Los inmigrantes, que según la administración Trump estaban afiliados a la pandilla venezolana Tren de Aragua, fueron deportados y encarcelados en El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una medida para tiempos de guerra que otorga al presidente la facultad de identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados, y de acelerar las deportaciones.
En julio, El Salvador liberó a “252 ciudadanos venezolanos, incluyendo a los 137 migrantes”, declaró Rubio en el documento. Como informó previamente CNN, esta liberación formó parte de un intercambio de prisioneros a gran escala entre Estados Unidos y Venezuela, en el que los venezolanos fueron liberados a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses.
La invocación por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros en marzo generó rápidamente impugnaciones legales, incluyendo este caso —J.G.G. contra Trump— por parte de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, lo que resultó en que Boasberg bloqueara temporalmente el uso de dicha facultad por parte de Trump.
Si bien la Corte Suprema ha permitido a Trump aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, dictaminó en abril que las autoridades deben notificar a los migrantes con la debida antelación que están siendo deportados en virtud de la facultad en tiempos de guerra para que tengan un plazo razonable para presentar recursos de hábeas corpus, que son demandas interpuestas por personas que alegan estar detenidas ilegalmente por el Gobierno.
Con información de Devan Cole, de CNN.
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