Apatía y confrontación ponen a prueba la democracia costarricense en la recta final hacia las urnas
Costa Rica, un país hasta hace poco comparado a Suiza por su calidad democrática y por su ausencia de violencia, entra en la fase final de su campaña presidencial atravesado por fenómenos que, hasta hace unos años, pocos pensaban que enfrentaría: la confrontación política, los liderazgos personalistas y una crisis de inseguridad sin precedentes.
Tan profundo es el impacto de esos fenómenos que miles de costarricenses aún no deciden su voto, pese a que faltan pocas semanas para las elecciones. Mientras que muchos se quejan del “clima tóxico” que relega sus principales preocupaciones.
Los comicios del 1° de febrero se perfilan como una prueba de fuego para la democracia costarricense, que el Índice de Democracia 2024 de la revista The Economist ubicó como la segunda más estable y funcional de América Latina, solo después de Uruguay.
El último estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP/UCR) para estas elecciones, publicado el 3 de diciembre, muestra a los costarricenses escépticos ante la oferta política actual, con la oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, a la cabeza con un 30% de los votantes decididos.
Su ventaja se diluye, sin embargo, ante el 45% de costarricenses que aún no definen su voto.
En Costa Rica un candidato debe obtener al menos el 40% de los votos válidos para alcanzar la presidencia. Si ninguna de las candidaturas alcanza ese porcentaje, las dos personas que consiguieron más sufragios se deben disputar la presidencia en una segunda ronda electoral.
Las votaciones se realizarán en todo el territorio nacional y en 49 consulados de 42 países habilitados para recibir el voto. El Tribunal Supremo de Elecciones convocó a 3.7 millones de costarricenses a las urnas para elegir 60 cargos que incluyen la presidencia, dos vicepresidencias y el total de las 57 diputaciones que conforman la Asamblea Legislativa. El voto en el extranjero solo será para la presidencia.
Aunque la campaña ya transita el tramo definitorio, muy lejos está de las fiestas electorales de otros años, que alentaban a miles de votantes a sumarse al proceso con banderas en vehículos y casas.
Ronald Alfaro, politólogo, investigador del CIEP/UCR y del Programa Estado de la Nación, una iniciativa académica que da seguimiento al desempeño del país, describe el ambiente como un “cóctel molotov” por los factores inéditos que desafían a una de las democracias mejor valoradas del continente.
Alfaro destaca un electorado con preferencias volátiles, partidos políticos muy debilitados y un fuerte apoyo personalista al actual presidente Rodrigo Chaves, con un protagonismo que ningún otro mandatario había tenido en una campaña electoral para sucederlo.
“Se genera una dinámica de ataques y contraataques que opacan los principales problemas del país, con una oposición que tiene grandes dificultades para articular una alternativa”, dice.
Explica, además, que el país se aleja de la costumbre de procesar las disputas vía diálogo, lo que genera “una división negativa que pone en entredicho la supervivencia de la democracia costarricense a largo plazo”.
El fuego cruzado fue alimentado por dos procesos para terminar con la inmunidad presidencial en el Congreso en 2025. Pese a acumular 24 denuncias por beligerancia política ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y más de 40 causas en la Fiscalía, Chaves termina su período con el fuero intacto. El 1° de mayo de este 2026 asumirá el nuevo Gobierno.
Los intentos para retirarle la inmunidad, el primero solicitado por la fiscalía y el segundo por el Tribunal, fallaron, porque los votos en el Congreso fueron insuficientes (38 según la ley).
El presidente ha dicho que es víctima de un “golpe de Estado judicial”, un relato que profundizó la fractura social y agitó el ambiente político en la cuenta regresiva hacia las urnas. El mandatario calificó la solicitud de desafuero del órgano electoral como “muestra de pánico, no a Rodrigo Chaves, sino a lo que mi voz ha representado en tres años y medio de mandato”.
Jaime García, director regional para América Latina del Índice de Progreso Social del INCAE Business School, señala que, aunque todavía excepcional, el modelo democrático de Costa Rica muestra signos de debilitamiento, agravado por el uso de las redes sociales. Estas, afirma, construyen narrativas a partir de eventos como los procesos de desafuero, con posturas a favor y en contra que intensificaron la polarización.
Además, sostiene que la confrontación también tiene una dimensión económica y social: existe una Costa Rica ganadora, con mejoras en su nivel de vida —especialmente en el centro del país—, y otra rezagada en costas y fronteras, donde los espacios comunes son cada vez más escasos.
“Una economía exportadora, que crece donde hay productividad, tecnología y capital humano, y otra economía de baja productividad, que no encuentra respuestas formales a sus problemas. Esto también genera narrativas confrontativas que alimentan la polarización”, destaca el experto.
A este escenario de tensiones, Roxana Morales Ramos, economista y coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), añade otro elemento: el fanatismo, que —a su juicio— acentúa la crispación.
Morales asegura que se ha perdido la capacidad de crítica y que cualquier tema político desata discusiones intensas capaces de dividir incluso a las familias. “Es muy preocupante: predominan las emociones, no hay discusión de ideas. Esto antes no se veía en el país, salvo por el fútbol. Cualquier tema se vuelve una discusión fuerte”.
Como ejemplo reciente, la economista menciona la controversia generada por la subasta de frecuencias radioeléctricas, impulsada por el Gobierno y ejecutada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
Emisoras de radio y canales de televisión denunciaron que los elevados costos las excluyen del proceso, lo que desató una ola de cuestionamientos —amplificados en redes sociales— a favor y en contra, hasta que la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender inmediatamente el proceso para analizar un recurso de amparo.
Según la resolución, las licitaciones podrían provocar una reducción significativa en los servicios de radio y televisión en Costa Rica.
Un clima de desconfianza, desinterés y división se percibe entre los ciudadanos. Muchos insisten en que problemas que requieren medidas urgentes, como el crimen organizado, la inseguridad y la educación, quedan relegados por un debate público agresivo y con pocas ideas.
El último estudio del CIEP/UCR, consultó los temas prioritarios que influyen en la decisión del voto de la ciudadanía. Ante la interrogante sobre el problema clave para elegir una candidatura, una gran mayoría de las personas entrevistadas (42.4%) señala a la seguridad ciudadana como tema prioritario, seguido del empleo y el crecimiento económico (13.3%), la lucha contra la corrupción y transparencia (7.5%), la educación pública (6.9%), el costo de vida (4.6%) y salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (4.0%).
La preocupación por la seguridad ciudadana se explica con el número de homicidios registrados en Costa Rica en los últimos años. Según datos del Poder Judicial, entre el 2012 y 2013, el país registró la tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes más baja de los últimos 15 años, con un 8.7, lo que prácticamente se duplicó en 2023 alcanzando un 17.2, con 905 homicidios, el año con más muertes violentas registradas en la historia del país, muchos de ellos atribuidos por el Gobierno al narcotráfico y el enfrentamientos entre bandas delictivas.
El 2024 cerró con 876 homicidios y el 2025 apenas con tres menos, 873, lo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) definió como el tercer año más violento registrado en Costa Rica con una tasa de homicidios dolosos de 16.7 por cada 100 mil habitantes.
Mary Zumbado, vendedora en una farmacia, dijo a CNN que la inseguridad la agobia, pero que el tono agresivo de la campaña política la aleja de los candidatos y critica el ambiente hostil que prevalece. “Estoy indecisa y desencantada con el proceso electoral, no sé por quién votar”.
De forma similar piensan Katherine Rojas, estudiante y Karen Rodríguez educadora, que no saben por quién votar. Rojas dice que “no le interesa”, mientras que Rodríguez argumenta “decepción porque los políticos dicen una cosa y hacen otra”.
Esta educadora agrega que “ahora hasta a los chiquillos les da vergüenza o pereza meterse en política”, lo que no sucedía antes. “En redes sociales se siente también la confrontación, es muy duro”, dijo Rodríguez
Rafael Salazar, un gestor de ventas habló con CNN mientras visitaba un supermercado y reflexionó sobre el tono del debate: “No son las maneras adecuadas de enfrentar los problemas. El mensaje que dan es de choque, de enfrentamiento; no negocian, es pura confrontación, y eso se traslada a toda la sociedad. Esto antes se veía en países complicados, no en Costa Rica, pero ahora sí”.
Además, señala que muchos de sus amigos vinculan la situación actual “con crisis como las de Argentina o Venezuela”, lo que genera mayor inquietud. El conflicto por la subasta de frecuencias —agrega— aumentó la preocupación, “porque queremos que a nuestros hijos y a las próximas generaciones les quede algo bonito y mejor”, advirtió.
El Tribunal Supremo de elecciones (TSE) inició este lunes 12 de enero la distribución del material que llegará a las 7154 juntas receptoras de votos (JRV) habilitadas para el 1 de febrero.
Según el ente electoral el empaque comenzó el viernes con la participación de 95 funcionarios del TSE y este proceso, así como la distribución, finalizará, esta misma semana con el personal trabajando en dos turnos de 6.30 am a 9 pm.
Hay 11 rutas establecidas por donde viajarán los sacos o “tulas” con el material electoral. El TSE informó que cada una pesa 14 kilogramos e incluyen dos paquetes de papeletas con el número preciso, según la lista de electores de cada junta receptora de votos. Las papeletas blancas corresponden al presidente y vicepresidencias y las celestes para seleccionar diputados. Las tulas llevan un chip de radiofrecuencia para rastrear su salida y regreso de la institución.
“Estas se cerrarán con marchamos de seguridad e inmediatamente se colocarán en los vehículos transportadores. Estos saldrán de la bodega Las Brisas debidamente custodiados por personeros de la Fuerza Pública y un funcionario del órgano electoral, a la respectiva zona del país, según sea su ruta”, explicó el Tribunal.
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