¿Qué ocurre cuando Estados Unidos decide incautar un buque petrolero?
Desde comienzos de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos y otras ramas militares han abordado y tomado el control de cinco buques petroleros que habían sido sancionados. Todos habían sido acusados de estar transportando petróleo venezolano o de dirigirse a cargar crudo sujeto a sanciones de Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump inició una campaña de presión contra el liderazgo del país sudamericano durante su primer mandato.
El viernes, Estados Unidos abordó su quinto buque, aunque esta vez Trump anunció que sería devuelto a Venezuela para descargar allí el petróleo. El Olina, anteriormente llamado Minerva M, “está de regreso a Venezuela”, escribió en redes sociales, al señalar que los ingresos formarían parte de un acuerdo energético que negocia con el gobierno de Venezuela.
La incautación de buques forma parte de lo que Trump ha denominado un “bloqueo” de embarcaciones sancionadas, una estrategia que comenzó antes de la operación militar de Estados Unidos que extrajo al líder venezolano Nicolás Maduro de Caracas y lo llevó a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.
Los otros cuatro buques abordados por tropas estadounidenses permanecen bajo control de Estados Unidos: uno se encuentra cerca del puerto de Houston y los otros tres son escoltados por embarcaciones estadounidenses.
Este es el proceso, según expertos, que sigue Estados Unidos cuando considera incautar un buque, cómo toma control de la nave y qué hace después:
Un equipo de personal de élite de la Guardia Costera, junto con efectivos de distintos componentes del Pentágono, suele ser el encargado de abordar e incautar los petroleros, según Aaron Roth, capitán retirado de la Guardia Costera que ayudó a crear una de esas unidades de élite.
En ese momento se activa un proceso interinstitucional conocido como Respuesta a amenaza operativa marítima (MOTR, por sus siglas en inglés). Creado tras los atentados del 11 de septiembre para enfrentar narcotráfico, piratería y terrorismo, es el mecanismo mediante el cual el Pentágono, la Casa Blanca y los departamentos de Seguridad Nacional (que alberga a la Guardia Costera) y de Justicia, entre otros, determinan a qué puerto será conducido el buque incautado y si su tripulación quedará bajo custodia.
Ese proceso puede tomar tiempo. “He estado en embarcaciones (…) donde nos quedamos cinco o seis días sobre ellas”, dijo Roth, quien ahora dirige seguridad federal y estrategia en el grupo Chertoff.
Para tomar control de los cinco buques vinculados con Venezuela se ha utilizado personal tanto de la Guardia Costera como de la Marina de Estados Unidos para los abordajes, junto con otros recursos militares y apoyo de países aliados.
Cuatro de los cinco buques no opusieron resistencia al abordaje. El quinto, el Bella 1, fue perseguido a través del Atlántico por una patrullera de la Guardia Costera antes de ser interceptado frente a Groenlandia. La nave cambió de nombre y de país de registro antes de ser abordada por fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos, trasladadas en helicópteros del Ejército.
El Gobierno de Trump ha difundido videos de varias de estas operaciones, que muestran a tropas descendiendo por cuerdas sobre las cubiertas de los buques durante los abordajes.
El destino del petrolero depende de la jurisdicción de cualquier caso que el Departamento de Justicia tenga contra la nave y su tripulación. En años anteriores, las embarcaciones incautadas por tráfico de drogas eran llevadas a Tampa, Florida, explicó Roth.
Pero el Gobierno de Trump planea reutilizar el petróleo que transportan los buques. Un destino lógico para los petroleros es la costa del golfo de México, donde se concentra gran parte de la industria petrolera de Estados Unidos, dijo Roth.
The Washington Post informó el viernes que la Guardia Costera busca apoyo adicional para reparar algunos de los buques incautados antes de llevarlos a puertos estadounidenses, dado que esos puertos tienen requisitos de seguridad específicos que las naves incautadas podrían no cumplir.
Si el buque tiene petróleo, ese crudo sería confiscado y potencialmente subastado. Para ello es necesario descargarlo en tanques de almacenamiento. Los fondos luego son administrados por el Departamento del Tesoro.
Una vez vacíos, Estados Unidos podría subastar los buques. Según la seguridad y fiabilidad de las naves incautadas, podría existir mercado para ellas, dijo Roth. Los ingresos de cualquier venta probablemente irían al Fondo de Decomiso de Bienes del Departamento del Tesoro.
Con unos 51.000 efectivos activos entre personal militar y civil, la Guardia Costera es mucho más pequeña que otras ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y se le ha encomendado incautar petroleros a diario o casi a diario.
“La capacidad puede convertirse en un desafío”, dijo Roth. “La Guardia Costera está bastante ocupada en este momento”.
Este año, la Guardia Costera recibió una importante inyección de recursos —US$ 25.000 millones en asignaciones adicionales— a través de la “Gran y hermosa ley” de política interna. Esa cifra equivale aproximadamente al doble de su presupuesto anual reciente y puede destinarse a nuevas embarcaciones y personal, explicó Roth.
Aun así, otros componentes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos terminarán participando en estas operaciones debido a su complejidad y a las limitaciones de recursos.
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