El tiroteo mortal de ICE podría derivar en otra tensa pelea por el control de la Guardia Nacional
Ante la creciente indignación y tensión por el tiroteo mortal de una mujer a manos de un agente de ICE, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, advirtió a los residentes que se preparen para algo que no se ha visto en Minneapolis y St. Paul desde las destructivas consecuencias de la muerte de George Floyd: tropas de la Guardia Nacional en las calles.
“He ordenado a la Guardia Nacional que esté lista en caso de ser necesario. Están listos para intervenir si se requiere su ayuda para mantener la paz, garantizar la seguridad pública y permitir manifestaciones pacíficas”, declaró el gobernador en un comunicado el jueves.
Dada la frágil situación en el área metropolitana de Minneapolis y St. Paul tras el agresivo aumento de las medidas de control migratorio, podría gestarse otra batalla por el control de la Guardia Nacional, mientras el presidente Donald Trump continúa poniendo a prueba su autoridad para usar al ejército en conflictos internos y los funcionarios estatales siguen resistiéndose.
Walz, veterano de la Guardia Nacional, indicó que una confrontación directa con los agentes federales no está contemplada y afirmó en un decreto que las tropas “apoyarían la seguridad pública, los servicios de seguridad y las actividades policiales”.
A diferencia de los disturbios que rodearon la muerte de Floyd, la posibilidad de movilizar a la Guardia Nacional ahora se presenta en un contexto muy diferente, tras un año de intentos —en su mayoría infructuosos— del presidente Donald Trump de federalizar las tropas de la Guardia Nacional en grandes ciudades gobernadas por demócratas, a las que calificó de “sin ley” y “antros de delincuencia”.
En su primera declaración pública sobre el tiroteo de Renee Nicole Good el miércoles, Trump adoptó de inmediato un tono beligerante: “La razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a nuestros agentes de la ley y agentes de ICE a diario”.
El gobernador, crítico de Trump desde hace mucho tiempo y candidato a la vicepresidencia en 2024, quien anunció esta semana que se retira de la contienda por la reelección debido a las intensas críticas por el manejo estatal de las acusaciones de fraude en los programas de asistencia social, describió su relación con el Gobierno de Trump a principios de esta semana como una “lucha constante”.
Si bien los gobernadores tienen amplias facultades para utilizar a sus tropas de la Guardia Nacional por diversos motivos, desde garantizar la seguridad en las calles durante disturbios hasta distribuir suministros tras desastres naturales, el presidente solo puede desplegar a miembros federalizados dentro de Estados Unidos en caso de “rebelión o peligro de rebelión” o si la ley federal no puede aplicarse con las “fuerzas regulares”.
Esta distinción fue crucial en una serie de reveses judiciales para la administración Trump en sus intentos de utilizar tropas en Los Ángeles, Portland y Chicago en contra de la voluntad de los gobernadores de esos estados.
Los despliegues en Portland y Chicago fueron detenidos por jueces federales antes de que las tropas llegaran a las calles, y los tribunales dictaminaron repetidamente que no había pruebas suficientes de que los agentes federales necesitaran ayuda militar para hacer cumplir la ley, una opinión confirmada el mes pasado por la mayoría de la Corte Suprema de Estados Unidos.
“El Gobierno no ha cumplido con su obligación de demostrar que (la ley) permite al Presidente federalizar a la Guardia Nacional en el ejercicio de su autoridad inherente para proteger al personal y la propiedad federales en Illinois”, escribió la mayoría de la Corte.
En la víspera de Año Nuevo, Trump anunció en Truth Social que ponía fin a sus intentos de desplegar tropas de la Guardia Nacional en esas ciudades, pero sugirió que la retirada era solo temporal.
“Volveremos, quizás de una forma muy diferente y más contundente, cuando la delincuencia vuelva a dispararse. ¡Es solo cuestión de tiempo!”, escribió Trump.
En octubre, Trump sugirió que podría intentar eludir los límites legales sobre el despliegue del ejército invocando la Ley de Insurrección, una ley del siglo XIX que permite el despliegue de tropas federales dentro del país en caso de una insurrección que un gobierno estatal no pueda controlar por sí solo.
“Hasta ahora no ha sido necesario, pero tenemos una Ley de Insurrección por una razón”, dijo a los periodistas en la Oficina Oval en ese momento. “Si tuviera que aplicarla, lo haría”.
Trump no ha utilizado la ley, que solo se ha invocado en contadas ocasiones en las últimas décadas para reprimir disturbios, en ninguno de sus mandatos, pero Walz expresó su preocupación el miércoles de que Minneapolis podría ser el punto de inflexión si las personas que protestan por el tiroteo se vuelven violentas.
“No caigan en la trampa. No permitan que desplieguen tropas federales aquí. No permitan que invoquen la Ley de Insurrección”, dijo Walz. “No permitan que declaren la ley marcial. No permitan que mientan sobre la seguridad y la decencia de este estado”.
El gobernador agregó que quiere que los ciudadanos locales sientan que pueden confiar en los miembros que pueda desplegar.
“Estas tropas de la Guardia Nacional son nuestras tropas de la Guardia Nacional. Son maestros en su comunidad. Son dueños de negocios. Son profesionales de la construcción”, dijo Walz. “Son habitantes de Minnesota”.
El llamado a la calma, y la preocupación por una posible reacción federal, fue compartido el miércoles por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.
“Quieren una excusa para intervenir y mostrar el tipo de fuerza que creará más caos y más desesperación”, dijo el alcalde. “No se lo permitamos”.
La posibilidad de un enfrentamiento entre las fuerzas del orden locales y las tropas federalizadas fue motivo de preocupación en los intentos anteriores de Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional donde no habían sido solicitadas por el gobierno local. Los recursos judiciales impidieron que esa situación se materializara.
Pero con la posibilidad de que las tropas de la Guardia Nacional de Minnesota intenten mantener la paz junto con agentes federales de inmigración, podrían ponerse a prueba las antiguas dudas sobre el control de la Guardia.
La Guardia Nacional se formó a partir de las milicias estatales que existían desde la fundación del país y tiene una estructura única: la guardia de cada estado está normalmente bajo el control de su gobernador, pero el presidente puede movilizarla para operaciones federales fuera de Estados Unidos o para operaciones internas en las circunstancias específicas que se debatieron en los tribunales durante meses.
Una excepción notable es la Guardia Nacional de Washington, donde el presidente tiene el control directo y la ha utilizado para responder a lo que ha declarado como una “emergencia delictiva” en la ciudad desde agosto. Además, las tropas de la Guardia Nacional de Tennessee han formado parte del Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis, establecido por el Gobierno de Trump con la cooperación del gobernador republicano de ese estado.
Es muy raro que un presidente ponga las tropas de la Guardia Nacional de un estado bajo control federal en contra de la voluntad del gobernador, y el ejemplo más claro ocurrió en 1957. El gobernador de Arkansas, Orval Faubus, movilizó a la Guardia Nacional en la Escuela Secundaria Central de Little Rock, supuestamente para “mantener y restaurar el orden” durante la desegregación de la escuela ordenada por los tribunales.
Sin embargo, bajo las órdenes del gobernador, las tropas impidieron que nueve estudiantes negros entraran a la escuela, a pesar del fallo de la Corte Suprema en el caso Brown contra la Junta de Educación. Esto enfureció al presidente Dwight D. Eisenhower, quien anteriormente había recibido la promesa de Faubus de que haría cumplir la decisión judicial, según los Archivos Nacionales. El presidente citó la negación de los derechos constitucionales de los estudiantes al federalizar la Guardia Nacional de Arkansas.
“No se puede permitir que el gobierno de la turba anule las decisiones de los tribunales”, dijo Eisenhower.
Al día siguiente, con la ayuda de tropas de la 101° División Aerotransportada del Ejército, la misma unidad de la Guardia Nacional que anteriormente había recibido la orden de impedir la entrada de los estudiantes negros, siguió las órdenes de garantizar su seguridad, y los “Nueve de Little Rock” finalmente pudieron entrar a la escuela el 25 de septiembre de 1957.
Seis años después, el presidente John F. Kennedy federalizó la Guardia Nacional de Alabama específicamente para desalojar al gobernador de ese estado, el notorio segregacionista George Wallace, de la entrada de la Universidad de Alabama, donde impedía que dos estudiantes negros se matricularan.
“Señor, es mi triste deber pedirle que se aparte, por orden del Presidente de Estados Unidos”, dijo el general adjunto de Alabama, Henry Graham, después de saludar a Wallace.
Incluso en ese caso, Kennedy prometió mantener el control de las tropas de la Guardia Nacional solo durante el tiempo estrictamente necesario.
“Sería lamentable que los miembros de la Guardia Nacional de Alabama, actualmente bajo servicio federal, tuvieran que permanecer lejos de sus hogares y trabajos durante un período prolongado este verano”, escribió Kennedy en un telegrama a Wallace. “La duración de su servicio depende en gran medida de usted”.
La promesa de Kennedy de minimizar la intervención federal en la defensa de los derechos constitucionales contrasta fuertemente con la promesa de Trump de desplegar tropas en respuesta a la supuesta alta criminalidad en varias ciudades importantes, una afirmación que los líderes de esas ciudades han refutado.
La defensa de Trump de su autoridad para usar el ejército en respuesta a las protestas —similar a su visión amplia de lo que las fuerzas del orden pueden hacer ante manifestantes conflictivos— quedó claramente expuesta en agosto, cuando Trump habló sobre los agentes de Policía de la ciudad de Washington, bajo control federal, que supuestamente fueron escupidos por los manifestantes.
“Ahora se les permite hacer lo que les dé la gana”, dijo Trump.
Dado que la respuesta inicial del presidente al asesinato de Good refleja la actitud de que ella tuvo la culpa, y que las fuerzas del orden de Minnesota afirman que los funcionarios federales están imposibilitando su propia investigación, la tensión entre las autoridades federales y locales no hace más que aumentar, mientras se siguen señalando con el dedo.
“De ahora en adelante, tengo un mensaje muy simple: no necesitamos más ayuda del gobierno federal. A Donald Trump y Kristi Noem, ya han hecho suficiente”, dijo Walz.
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