Las políticas de Trump envían un mensaje escalofriante a los disidentes
La Casa Blanca de Donald Trump tiene un mensaje amenazante para cualquiera que pueda parecer estar en desacuerdo con el presidente de Estados Unidos: no lo hagan. O si no…
A pesar de que prometió poner fin a lo que consideró la “militarización” del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), Trump está tratando a las personas que no están de acuerdo con él como un “enemigo interno” del que habló durante la campaña presidencial.
El presidente dio un inusual paso esta semana, al emitir proclamaciones oficiales ordenando investigaciones federales a personas que trabajaron en su primer gobierno.
Les exige trabajo gratis a bufetes de abogados que representaron a quienes él percibe como sus enemigos, amenaza con destituir a jueces, con deportar a manifestantes universitarios y mucho más.
El mensaje subyacente, para cualquiera que no haya unido todos estos elementos, es que la disidencia no será tolerada bajo el segundo mandato de Trump.
Chris Krebs supervisó la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA) durante el primer mandato de Trump y afirmó que las elecciones que perdió el republicano estuvieron libres de fraude o manipulación.
Precisamente por eso Trump quiere que sea investigado. Como dice el presidente en la proclama, Krebs “negó falsamente y sin fundamento que las elecciones de 2020 fueran amañadas y robadas”. Todavía no hay ninguna prueba convincente de que las elecciones de 2020 fueran amañadas o robadas, pero el efecto sobre el negocio de ciberseguridad de Krebs podría ser real. Y el mensaje para cualquiera que trabaje actualmente en la seguridad de las elecciones estadounidenses es inequívoco: habrá consecuencias por traicionar al presidente, incluso cuando el presidente alegue un fraude electoral que no existe.
El otro individuo al que Trump apuntó con una proclama es a Miles Taylor, el exfuncionario de Seguridad Nacional que escribió —al principio de forma anónima— durante su primer mandato que había una “resistencia” entre los funcionarios del gobierno que trabajaban para amortiguar el impacto de las decisiones del presidente.
Lee aquí el informe completo de CNN.
Trump no citó ninguna ley específica que hubiera sido violada por alguien, pero sí dijo en el Despacho Oval que cree que Taylor es culpable de traición.
“Está utilizando todos los medios públicos y privados para atacar a estas personas, humillarlas, hacer que vengan a besar el anillo”, dijo el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jamie Raskin, en un video publicado en redes sociales.
Trump no quiere arriesgarse a otra resistencia interna durante su segundo mandato. Los despidos de trabajadores federales, el desmantelamiento de agencias enteras y los despidos punitivos deberían ser un mensaje suficiente.
Funcionarios importantes, en particular, han dimitido en momentos clave en lugar de seguir directivas con las que no estaban de acuerdo.
En el Despacho Oval, mientras firmaba esas proclamas dirigidas a Krebs y Taylor, Trump se jactó de que los bufetes de abogados que representaban a sus oponentes ahora están haciendo fila para trabajar gratis en su nombre después de que él los amenazara con represalias.
Su ayudante Stephen Miller dijo que los bufetes han acordado casi US$ 700 millones en trabajo gratuito para Trump a cambio de evitar proclamaciones punitivas. Algunos bufetes de abogados, en particular Jenner & Block, presentaron una demanda por el intento de Trump de castigarlos. Un juez dijo que los decretos eran probablemente inconstitucionales, pero muchas otras empresas están arrodillándose y accediendo a hacer trabajo gratis en nombre de Trump.
Hay muchos otros ejemplos de cómo Trump utiliza el peso del Gobierno para atacar a personas a los que se opone.
La administradora de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, Kelly Loeffler, anunció el cierre de varias oficinas en ciudades “que no cumplan” con la campaña del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y dijo que las reubicará en otros lugares. Las ciudades afectadas son Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Nueva York y Seattle.
El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Robert F. Kennedy, no mencionó la política de inmigración cuando anunció en un artículo de opinión en el New York Post que el Departamento cerraría la mitad de sus 10 oficinas regionales. Pero la lista de oficinas afectadas es similar: están en Boston, Chicago, Nueva York, San Francisco y Seattle. Atlanta mantendrá su oficina regional del HHS, junto con Kansas City, Dallas, Denver y Filadelfia.
Cornell y Northwestern se unieron a una lista cada vez mayor de universidades de investigación de élite a las que se les han congelado cientos de millones o incluso miles de millones de dólares en becas de investigación. El gobierno ha exigido que las facultades pongan fin a los programas de diversidad y ha criticado las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza.
CNN ha identificado a cientos de estudiantes cuyas visas han sido revocadas, pero el ejemplo más notable de un manifestante al que se pretende deportar es Mahmoud Khalil, residente legal permanente que lleva más de un mes detenido en Louisiana. Un juez de inmigración de Louisiana dictaminó el viernes que Khalil puede ser deportado, aunque es probable que eso no ocurra todavía, ya que también hay un caso en curso en Nueva Jersey. Khalil fue detenido en Nueva York —no en Louisiana— y CNN informó que los defensores de los derechos de los inmigrantes temen que el gobierno esté buscando jueces al trasladar a detenidos como Khalil del noreste al sur.
Los republicanos en la Cámara de Representantes no parecen tener los votos, pero Trump y Musk han pedido públicamente que se haga un juicio político a los jueces que emitan fallos con los que no estén de acuerdo. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió un raro reproche a esa petición. La Cámara de Representantes sí tenía los votos esta semana para aprobar un proyecto de ley destinado a restringir que los jueces de los tribunales de distrito emitan medidas cautelares a nivel nacional contra las políticas de Trump, pero se enfrenta a un futuro incierto en el Senado.
La Corte Suprema dijo esta semana que el gobierno de Trump debe facilitar el regreso de un padre de Maryland que un abogado del Departamento de Justicia admitió en la corte que fue deportado por error. El abogado que hizo la admisión fue suspendido, según la secretaria de Justicia, Pam Bondi.
“No debería haber discutido, si eso es lo que iba a hacer”, dijo Bondi en Fox News.
Todo esto tendrá un efecto en todo el país, ya que las personas que no están de acuerdo con Trump están tratando de averiguar cómo expresar su oposición.
Michael Williams, de CNN, fue a una protesta de apoyo a los inmigrantes en Dallas y escuchó a un organizador decir que las personas que participan deben estar preparadas para ser deportadas.
“Como organizadores que nos sentimos obligados a protestar en este día, tenemos que aceptar que podemos ser objeto de expulsión”, dijo antes unas 50 personas Jaclyn McJunkin, una organizadora y activista por los derechos de los inmigrantes, según el informe de Williams. “Es algo que hay que aceptar, ¿ok? Porque si no lo haces, entonces ellos ganan, ¿no?”.
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