Lo que debes saber sobre La Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones
El presidente Donald Trump invocó el sábado la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, otorgándose amplios poderes bajo una ley centenaria para deportar a personas asociadas con una pandilla venezolana. Horas después, un juez federal detuvo las deportaciones bajo la orden de Trump.
Esta ley es una amplia autoridad en tiempos de guerra que permite la deportación de extranjeros sin tener la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o un tribunal federal.
Trump insinuó repetidamente durante su campaña que declararía poderes extraordinarios para enfrentar la inmigración ilegal y sentó las bases con una serie de órdenes ejecutivas el 20 de enero.
Su proclamación del sábado identificó a la pandilla venezolana Tren de Aragua como una fuerza invasora. El juez federal de distrito James E. Boasberg, designado por el presidente Barack Obama, impidió la deportación de cualquier persona bajo la proclamación de Trump durante dos semanas y programó una audiencia el viernes para considerar los argumentos.
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¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros?
En 1798, mientras Estados Unidos se preparaba para lo que creía sería una guerra con Francia, el Congreso aprobó una serie de leyes que ampliaron el alcance del gobierno federal. Preocupado por la posibilidad de que los inmigrantes simpatizaran con los franceses, se creó la Ley de Enemigos Extranjeros para otorgar al presidente amplios poderes para encarcelar y deportar a extranjeros en tiempos de guerra.
Desde entonces, la ley solo se ha utilizado en tres ocasiones: durante la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Durante la Segunda Guerra Mundial, con el temor a los extranjeros extendiéndose por todo el país, formó parte del fundamento legal para el internamiento masivo en Estados Unidos de personas de ascendencia alemana, italiana y, especialmente, japonesa. Se estima que 120,000 personas de ascendencia japonesa, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, fueron encarceladas durante la guerra.
¿Qué provocó este problema un sábado?
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward demandaron preventivamente a Trump el viernes por la noche en un tribunal federal de Washington, D.C., alegando que cinco hombres venezolanos retenidos en un centro de detención migratoria en Raymondville, Texas, corrían “riesgo inminente de deportación” en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. Boasberg bloqueó su deportación, lo que provocó una apelación inmediata del Departamento de Justicia.
Casi simultáneamente, el gobierno de Trump acordó pagar a El Salvador 6 millones de dólares para encarcelar durante un año a unos 300 presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua.
El acuerdo con El Salvador se produjo tras las conversaciones entre el presidente de ese país, Nayib Bukele, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, sobre el alojamiento de migrantes en las infames cárceles salvadoreñas. El gobierno de Bukele ha arrestado a más de 84,000 personas, en ocasiones sin el debido proceso, desde 2022 en una ofensiva contra la violencia de pandillas.
El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, afirmó el sábado que dos vuelos podrían haber transportado a personas deportadas bajo la proclamación de Trump, uno a El Salvador y otro posiblemente a Honduras. Boasberg añadió que dichos vuelos tendrían que ser devueltos en pleno vuelo a Estados Unidos.
Estados Unidos no está en guerra, ¿verdad?
Durante años, Trump y sus aliados han argumentado que Estados Unidos se enfrenta a una “invasión” de personas que llegan ilegalmente. Los arrestos en la frontera estadounidense con México superaron los 2 millones al año durante dos años consecutivos por primera vez bajo el presidente Joe Biden, y muchos fueron liberados en Estados Unidos para solicitar asilo. Tras alcanzar un máximo mensual histórico de 250,000 en diciembre de 2023, se desplomaron a menos de 8,400 este febrero, los niveles más bajos desde la década de 1960.
La ley, afirmó Trump en su discurso inaugural, sería una herramienta clave en su ofensiva contra la inmigración.
“Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas y redes criminales extranjeras que traen crímenes devastadores a suelo estadounidense”, declaró. “Como comandante en jefe, mi mayor responsabilidad es defender a nuestro país de amenazas e invasiones”.
Los críticos afirman que Trump está utilizando erróneamente la ley para atacar a actores no estatales, no a gobiernos extranjeros.
“Invocarla en tiempos de paz para eludir la ley migratoria convencional sería un abuso asombroso”, escribió el Centro Brennan para la Justicia, calificándola de “contraria a siglos de práctica legislativa, presidencial y judicial”.
“Las detenciones sumarias y las deportaciones bajo esta ley contradicen la comprensión contemporánea de la igualdad de protección y el debido proceso”, declaró el Centro Brennan.
¿Constituye la inmigración ilegal una invasión?
Es un argumento nuevo y sin probar. Trump ha advertido sobre el poder de las bandas criminales latinoamericanas en Estados Unidos, pero solo un pequeño porcentaje de las personas que viven ilegalmente en el país son delincuentes.
Trump, en su declaración de guerra del sábado, afirmó que el Tren de Aragua “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión depredadora contra el territorio de Estados Unidos”. Añadió que la banda participaba en una “guerra irregular” contra Estados Unidos bajo la dirección de Venezuela.
El Tren de Aragua se originó en una prisión infamemente anárquica en el estado central de Aragua y acompañó el éxodo de millones de venezolanos, la gran mayoría de los cuales buscaban mejores condiciones de vida tras el desplome económico de su país en la última década.
El mes pasado, la administración Trump designó al Tren de Aragua y a otras siete organizaciones criminales latinoamericanas como “organizaciones terroristas extranjeras”, lo que aumentó la presión sobre los cárteles que operan en Estados Unidos y sobre cualquiera que los ayude.
El Servicio de Investigación del Congreso declaró en un informe el mes pasado que los funcionarios podrían usar las designaciones de terroristas extranjeros para argumentar que las actividades de la pandilla en Estados Unidos constituyen una invasión limitada. “Esta teoría parece no tener precedentes y no ha sido sometida a revisión judicial”, declaró el Servicio de Investigación del Congreso.
El gobierno venezolano no suele aceptar a sus ciudadanos de regreso de Estados Unidos, salvo en contadas ocasiones. En las últimas semanas, unas 350 personas fueron deportadas a Venezuela, incluidas unas 180 que pasaron hasta 16 días en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba.
La periodista de Associated Press Regina García Cano, desde Caracas, Venezuela, contribuyó a este informe.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés por The Associated Press, traducido al español por Telemundo Digital.